El ponente del 'caso Renfe' carga la responsabilidad sobre los técnicos y exculpa a los políticos

El borrador de resolución presentado ayer por el ponente de la comisión investigadora de Renfe, el socialista Jenaro García Arreciado, y que habrá de debatirse por el pleno de la comisión, exculpa al ex presidente de Renfe Julián García Valverde, al Ministerio de Transportes, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Las numerosas irregularidades que señala en su informe se imputan fundamentalmente a José María Rodes, director adjunto del grupo empresarial de Renfe; José Luis Pinedo, que fue asesor inmobiliario de García Valverde; Alberto Echeverri, director general de Equidesa, empresa filial encargada de las operaciones inmobiliarias de Renfe, y al notario Manuel Clavero.

El documento señala que hay que esperar la resolución de los tribunales -a los que se pide que se remitan algunas actuaciones- respecto a los estudios encargados por Renfe a unas empresas consultoras; pide que se ponga en conocimiento del ministerio fiscal una supuesta falsificación de firma y que se investigue por la Administración el destino de 313 millones de una de las operaciones de compraventa de Equidesa.Aunque la propuesta de resolución no emplea en ningún momento la expresión responsabilidad política o penal, exculpa de hecho a García Valverde. Sin embargo, los representantes de la oposición declararon ayer que esa responsabilidad política debe ser exigida de manera explícita al ex presidente de Renfe.

Las consideraciones del ponente socialista arrancan legitimando el diseño de la operación para la construcción del ferrocarril en San Sebastián de los Reyes, es decir, considera legítima "toda actuación pública realizada conforme a derecho que genere recursos aplicados a la cobertura de necesidades colectivas" y añade que "debe considerarse legítima la accion del sector público en la ordenación del territorio y en la regulación del uso del suelo, así como la realización directa de la actividad urbanística".

Se establece, según el proyecto de resolución, que "el diseño concreto de la operación iniciada por Renfe consistía en adquirir terrenos rústicos en San Sebastián de los Reyes con objeto de que una posterior clasificación de los mismos como urbanizables generase los recursos financieros necesarios para complementar las asignaciones presupuestarias destinadas a la construcción del ramal ferroviario". Explica luego que "entre las administraciones competentes se produce un acuerdo político" consistente en que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes modificaría su plan general para clasificar terrenos como urbanizables no programados y que ello sería aprobado por la Comunidad de Madrid.

A renglón seguido se señala que "no hay constancia documental explícita de este acuerdo ni se formula jurídicamente su desarrollo. Tampoco existe soporte documental alguno sobre los compromisos adquiridos por cada Administración y/o por las empresas públicas intervinientes". El ponente concluye que estas iniciativas "son justificables tanto en su concepción (...) como por su fin de recuperación de valores generados por la instalación de un servicio público".Avanza en su explicación al decir que "el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes compartían la necesidad de adquirir una cantidad de terrenos sin definir en extensión ni localizar en situación concreta".

"Diseño general"

Establece luego que el presidente de Renfe, el de la Comunidad de Madrid y el ministro de Transportes -a los que no cita por sus nombres propios- tenían conocimiento "del diseño general de la operación".

El informe, después de analizar el diseño de la compra de terrenos por Renfe y de la concesión de 1.800 millones de anticipos a Equidesa, propone a la comisión que apruebe "que el presidente de Renfe tenía facultades suficientes para tomar las iniciativas que tomó"; que en estas operaciones de compraventa Renfe estaba sometida al "ordenamiento jurídico privado" y, por lo tanto, excluida de una "intervención crítica previa", la cual, según el dictamen, "queda sometida como las empresas privadas a la auditoría posterior". Aquí aparece el primer reproche importante al señalar que los estudios de mercado encargados a las sociedades Syopsa y ABC Empresarios, ofrecen irregularidades sobre las que "no cabe sino esperar el pronunciamiento de los tribunales".

A continuación, la propuesta de informe formula los más duros ataques, que se concretan en las actuaciones de José María Rodes, Alberto Echeverri y José Luis Pinedo. De Rodes asegura que comunica a Echeverri que Pinedo tomará todas las decisiones concretas en las operaciones de compra que se van a llevar a cabo; de Pinedo dice que carecía de poderes y capacidad que le diesen "superioridad jerárquica" sobre los demás, y de Echeverri que todo lo anterior no le exime de que se hubiesen quebrantado los "amplios poderes" que el consejo de administración de Equidesa le había otorgado.

Las reacciones al borrador no se hicieron esperar. Rafael Martínez Campillo, miembro del CDS en la comisión, considera "inaceptable" la justificación jurídica de la operación. Felipe Camisón, del PP, calificó el informe de "superficial, confuso e inconcreto". Jerónimo Andreu, de IU, dijo que la propuesta no refleja lo dicho ante la comisión, informa Efe.