Tragedia en Santander
NO SON precisamente lamentaciones lo que se echa en falta cuando se producen accidentes laborales como el derrumbe del hotel Bahía en Santander. Sí, en cambio, un análisis serio sobre sus causas y el firme propósito de hacer lo posible por no reincidir en las conductas que suelen propiciarlos. Es lo menos que debe exigirse a las empresas y a los organismos públicos responsabilizados del control de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo y, con mayor motivo, cuando el accidente alcanza la dimensión de una tragedia como la que se ha producido en Santander: tres obreros muertos, dos sepultados todavía bajo los escombros y siete heridos de diversa consideración.En ausencia de medidas previsoras, lo que no puede faltar es la consiguiente investigación administrativa y judicial. Pero, desgraciadamente, la impunidad suele ser el desenlace normal de los accidentes laborales. Ni se investigan suficientemente las causas, ni se exigen responsabilidades, ni se sanciona a los posibles culpables. Ello explica, en gran medida, que España sea uno de los países comunitarios con un mayor índice de siniestralidad laboral.
En la tragedia de Santander parece haber Incidido, según la opinión de técnicos y sindicatos, el mal estado de las vigas de hormigón del edificio, construido en 1950. Sin embargo, la posible corrupción de entonces, que aflora ahora con el riesgo de hundimiento de edificios construidos con materiales de pésima calidad en aquella época, no elimina las posibles responsabilidades actuales. No es fácil asumir la inevitabilidad de lo acontecido en Santander, salvo que el plan de remodelación del edificio se hubiera puesto en marcha sin un previo análisis del estado de su estructura y, en todo caso, sin las elementales medidas de seguridad para prevenir los riesgos. Las primeras informaciones apuntan que se habían detectado fallos en la estructura de hormigón y enviado muestras a analizar, sin que por ello se hubiera detenido la obra ni fuesen comunicados los defectos a los trabajadores. La empresa contratista corre con la primera responsabilidad, aunque tampoco quedan exentos los organismos administrativos -autonómicos y municipales- encargados de supervisar la seguridad.
La relajación de este control, prácticamente inexistente en las pequeñas empresas, es una de las causas de la alta siniestralidad laboral, especialmente en la construcción. Precisamente lo más preocupante de esta tragedia es que su desencadenamiento apunta, en principio, a un déficit de prevención, un poco explicado silencio empresarial y una insuficiencia del control administrativo exigible. Desde el punto de vista de la rentabilidad, y pasando por alto los daños humanos, el ahorro de las empresas en medidas de seguridad se traduce a la larga en un dispendio sin sentido. Un estudio de la CE ha puesto de manifiesto que los accidentes laborales cuestan a las empresas de construcción el 3% de su cifra de negocios, mientras que sus beneficios se sitúan entre el 1% y el 1,3%.
Existen, por supuesto, otras causas que contribuyen a que los accidentes laborales se hayan convertido en una de las mayores sangrías humanas en nuestro país (casi 1.500 muertos al año y varios miles de heri dos graves, de los que un tercio corresponde al sector de la construcción). El aumento de la precariedad en el empleo es una de ellas, así como la rutina en las tareas de inspección e investigación -la Fiscalía General del Estado acaba de instar al ministerio fiscal a que actúe de oficio en los siniestros laborales- y la dispersión de ordenanzas y vacíos normativos existentes. Accidentes como el de Santander deberían servir al menos para que se promulgue de una vez la nueva Ley de Salud Laboral prometida por los diversos Gobiernos socialistas desde 1982.
