La Ley de Industria prevé sanciones de hasta 100 millones

Las infracciones muy graves que se cometan contra las normas de seguridad industrial -por incumplimiento en reglamentaciones, homologaciones y procedimientos- se castigarán con multas de hasta 100 millones de pesetas, según recoge la nueva Ley de Industria que aprobó ayer el Consejo de Ministros y que ha sido remitida al Parlamento para su aprobación defimtiva. Las infracciones leves serán de 500.000 pesetas y las graves de 15 millones de pesetas. Las sanciones se modularán en razón al daño causado por el infractor, el beneficio obtenido, la capacidad económica, la intencionalidad y la reincidencia. Las faltas muy graves serán publicadas.La Ley de Industria regula el sistema de seguridad industrial, que será de carácter obligatorio. También regulará el sistema de calidad industrial, que será de carácter voluntario. En cualquier caso, ambos frentes se han convertido en unas de las principales preocupaciones del Ministerio de Industria, que ha trabajado en la elaboración de esta ley durante el último año.

El proyecto tiene, en su mayor parte, carácter de legislación básica, por lo que es de aplicación para todas las administraciones públicas y permitirá una mejor coordinación entre ellas.

Además de la regulación en materia penal, que da plena seguridad jurídica a los agentes, la nueva Ley establece que las excepciones a la libertad de establecimiento industrial sólo podrán regularse por ley en razón del interés público o derivarse de convenios internacionales.

Promoción y modernización

Por otra parte, regula los programas de promoción y modernización industriales, que se adoptarán para favorecer la expansión, el desarrollo y la competitividad de la industria y para mejorar su nivel tecnológico, así como los servicios y la financiación que se destinan a la industria. El proyecto establece que se prestará especial atención a las pyrnes. Entre los objetivos figuran la flexibilidad de los sistemas de organización. y la adaptación estructural de las empresas al mercado.

El texto remitido a las Cortes contempla también que los programas de política industrial podrán instrumentarse a través de la concesión de ayudas e incentivos públicos y la adopción de medidas laborales y de seguridad social específicos, siempre y cuando respeten la normativa sobre defensa de la competencia, además de los límites y las condiciones establecidos por el derecho comunitario. Se crea la Comisión para la Competitividad Industrial, que contribuirá al diseño de los programas de mejora.