La CE obliga a devolver ayudas públicas a Hytasa, Intelhorce e Imepiel

Las empresas Hytasa, Intelhorce e Imepiel, privatizadas hace años por el Estado a cambio de un precio de venta simbólico, tendrán que devolver gran parte de las ayudas públicas recibidas, según el acuerdo adoptado ayer en Bruselas por la Comisión Europea. En concreto, Imepiel deberá reintegrar 8.500 millones de pesetas; Intelhorce, 5.900 millones; e Hytasa, 4.300 millones. Esta decisión será recurrida por el Gobierno español.

El Ejecutivo de la CE, que preside Jacques Delors, da un plazo de dos meses para que el Gobierno español comunique el procedimiento para recuperar esas subvenciones. No obstante, fuentes del Ministerio de Economía señalaron a última hora de ayer que el Estado español recurrirá ante el Tribunal de Justicia de La Haya este dictamen; según informa Efe.

La encuesta iniciada contra estas tres compañías se ha prolongado más de un año ante la resistencia del Gobierno español a aceptar la sanción de Bruselas. La Comisión perdona, sin embargo, 6.029 millones de pesetas a Imepiel, 7. 100 millones a Hytasa y 7.800 millones a Intelhorce, entregados por el Estado sin que ello se tradujera en una situación de saneamiento.

La decisión de la Comisión se basa en que "las inyecciones de capital que se produjeron en el momento de la privatización son consideradas incompatibles por el Tratado de Roma porque no iban acompañadas de planes de reestructuración que permitieran asegurar la viabilidad de las empresas". Es más, se han mantenido los niveles de producción y se "agrava el riesgo de que las ayudas falseen la competencia", añade el comunicado oficial.

La obligación de devolver las subvenciones reabre la crisis que la compañía textil Hytasa representa para Sevilla e Intelhorce para Málaga. En ambos casos, el mantenimiento de los puestos de trabajo fue el argumento para la venta, entre agosto de 1989 y julio de 1990, a propietarios privados estimulados con capital público. Lo mismo sucedió con Imepiel, ex Segarra, cabecera industrial de Val d'Uxó (Castellón).

Precios ficticios

La CE considera que los precios pactados en la reprivatización de Intelhorce y de Hytasa son ficticios. Dichas ayudas, a juicio de la CE, lesionan la competencia regulada para los estados miembros en los artículos 92, 93 y 94 del Tratado de la Comunidad.

El expediente de Intelhorce -actualmente General Textiles España- supone que en los últimos años la empresa textil malagueña ha recibido subvenciones de la Dirección General de Patrimonio del Estado por un total de 24.000 millones de pesetas. Por su parte, Hytasa -actualmente Mediterránea Técnica Textil (MTT)- fue subvencionada por valor de 11.000 millones.

Intelhorce volvió a manos privadas el 4 de agosto de 1989, cuando las sociedades Benorbe, SA, y Benaservice, SA -ambas controladas por el empresario italiano Giovanni Orifici-, adquirieron la empresa por 2.000 millones de pesetas. En el contrato de venta, la Dirección General del Patrimonio se comprometió a realizar una ampliación de capital de 5.869 millones de pesetas a pagar entre los años 1989 y 1992, de acuerdo con la aplicación de un plan de reconversión. En dicho plan, rechazado sistemáticamente por los representantes sindicales, figura un ajuste de 500 puestos de trabajo sobre una plantilla de 1.500 empleados.

Patrimonio y la Junta de Andalucía "han comprometido otros apoyos para la creación de un holding que agrupe a Hytasa, Intelhorce y el resto del textil andaluz", en un grupo controlado por Fernando Feíjoo y Pablo Recio, ex altos cargos andaluces.