Un juez de Alcobendas pide al municipio que ratifique su denuncia contra La Moraleja

Torrejón de Ardoz - 22 ene 1992 - 00:00CET

El Ayuntamiento de Alcobendas deberá reafirmar en los próximos días la querella que tiene presentada contra la junta rectora de la entidad que se dedica a la conservación de la urbanización de lujo La Moraleja, según una resolución que dictó ayer el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de esa localidad. El Ayuntamiento acusa a la citada entidad de usurpación de funciones públicas y coacciones.Los acontecimientos que dieron lugar a la presentación de la querella tienen su origen en la instalación, por orden de los miembros de la junta rectora de la urbanización, de una caseta a la entrada de la misma. Esta caseta fue utilizada por los vigilantes jurados de la urbanización para pedir la documentación a las personas que intentaban acceder a su interior desde la carretera de Barajas.

La resolución judicial supone, a juicio del alcalde de Alcobendas, José Caballero, que el propio juez instructor considera que los hechos son constitutivos de delito, ya que, además de haber admitido a trámite la denuncia en su día, ahora el juez pide al Ayuntamiento que concrete su acusación.

La denuncia va dirigida contra la presidenta de la junta rectora de la entidad, María Teresa Gaberas, y el secretario general de la misma, José Manuel Muñoz Salvadores.

Según la denuncia del Ayuntamiento, por orden de estas personas se instaló el pasado mes de agosto en una de las calles de la urbanización una caseta de madera desde la que los guardas controlaban el acceso al interior de las calles. A los pocos días de ser colocada, el Ayuntamiento la retiró, y, paralelamente, interpuso sendas querellas ante el juzgado de Alcobendas y la Delegación del Gobierno en Madrid.

Diligencias previas

La Delegación del Gobierno comunicó el pasado martes a José Caballero que había iniciado diligencias para esclarecer si los responsables de la junta rectora han usurpado competencias que corresponden a los cuerpos de seguridad del Estado.Los intentos de este diario por localizar ayer a algún miembro de dicha junta resultaron infructuosos.

Jorge Mijangos, presidente de la asociación de vecinos de La Moraleja y, El Soto, eludió pronunciarse ayer sobre la legalidad de la instalación de la caseta, aunque afirmó que desde hace anos existe un problema de inseguridad en la urbanización, y aseguró que la vigilancia municipal en la zona es simbólica.

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