La oposición opta por medidas legislativas contra la corrupción y rechaza el pacto que ofrece el PSOE

Los partidos de la oposición rechazaron ayer la sugerencia de¡ PSOE de llegar a un pacto contra la corrupción al considerar que a los partidos democráticos ya se les supone el combate contra las prácticas irregulares. El PP propondrá la próxima semana un paquete legislativo que ponga cortapisas a las prácticas corruptas, adelantando que tienen relación con la Ley de Contratos del Estado y la Ley del Patrimonio. Izquierda Unida y el CDS estiman que es precisamente por la vía legislativa por donde puede atajarse la corrupción.

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, pidió ayer mayor rigor a los dirigentes políticos al hablar de la corrupción y afirmó que "no se puede ir por el mundo acusando al adversario de chorizo", informa José Antich. En una clara referencia a la labor llevada a cabo por el Partido Popular, Pujol señaló que no se es alternativa en la vida política "sólo a base de denunciar que hay corrupción". "Se necesita un proyecto político y un programa", agregó.No obstante, Pujol responsabilizó a los socialistas de que haya quien practique un estilo de hacer política que tiene como principal objetivo "ensuciar" al adversario.

Por su parte, el secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas, afirmó ayer que su partido no propone estrictamente un pacto, sino que "debe ser un valor entendido por todos los partidos el combate de la corrupción".

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE se reunió ayer por primera vez en este año, siendo esta materia uno de los objetos a debat1r. Los socialistas rechazan sin paliativos la acusación de que en este país las prácticas corruptas son generalizadas y con más fuerza aún niegan que éstas se hayan instalado en el PSOE, "que ha reiterado en múltiples ocasiones que la corrupción debe ser perseguida y duramente castigada". En un comunicado hecho público al término de la reunión, el PSOE acusa a PP de mantener "una torpe estrategia por no tener una alternativa creíble que ofrecer" y de recurrir a la "descalificación generalizada sin medir el coste que esta pueda tener para el conjunto de la sociedad".

El PSOE, a través de sus dirigentes, mostró ayer indignación por esta imagen que se está dando de corrupción y el secretario de organización, Txiki Benegas, acusó directamente de ello al presidente del PP, José María Aznar: "Ese discurso del caos desprestigia al señor Aznar y desde luego es una grave irresponsabilidad".

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, afirmó ayer que la corrupción se llama Pepe". Rodríguez Ibarra realizó estas declaraciones en Plasencia (Cáceres) ante los micrófonos de Radio Nacional de España, según informa Jeremías Clemente.

El secretario general del CDS, Antoni Fernández Teixidó, señaló ayer que "de la naturaleza de los partidos se infiere su lucha contra la corrupción, por lo que no ha lugar ni a pactos ni a frentes, sino el compromiso de luchar contra la corrupción, que cada palo aguante su vela y desde luego la vela del CDS está enhiesta".

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala, coincidió anteanoche en esta tesis al calificar de "demagógicas" las declaraciones en el sentido de que la corrupción en España está generalizada. El presidente del Partido Popular, José María Aznar, afirmó al respecto: "Es una opinión, pero no la comparto, y creo que el presidente del CGPJ debe medir muy bien sus palabras". Aznar, que acudió al Congreso a la reunión de su grupo parlamentario, reiteró también a los periodistas que el presidente, Felipe González, gobierna desde la crispación y aseguró no comprender cómo el PSOE va a proponer un pacto contra la corrupción cuando niega su existencia.

Aznar estudió ayer con los responsables de área en el Parlamento de su partido esta cuestión y en el curso de la cual se reafirmaron en que "con Felipe González la corrupción ha sido más posible", según informó un asistente a dicha reunión. Los populares concretarán el próximo lunes en una reunión de su comité ejecutivo las medidas legislativas a adoptar, que pasan por modificaciones en la Ley de Contratos del Estado y en la de Patrimonio.