El PP recurrirá la 'ley Corcuera' si no se suprimen los artículos más polémicos

El PP recurrirá la ley de seguridad ciudadana ante el Tribunal Constitucional si no se suprimen 1 la retención policial y la entrada en domicilios sin orden judicial, según anunció ayer su portavoz en el Senado, José Miguel Ortí Bordás. "Con esta ley los españoles viviremos menos libres y más inseguros. Estamos obligados a hacer un esfuerzo para garantizar los derechos y libertades constitucionales de los españoles", señaló Ortí Bordás.

El portavoz popular considera "inconcebible" el rechazo del Grupo Socialista durante el debate en comisión en el Senado de las 157 enmiendas al articulado presentadas por la oposición. "Pone de relieve" afirma, "que no hay ánimo ni voluntad de conseguir un acuerdo". El debate en pleno de la ley Corcuera comienza el próximo día 14. Luego, volverá al Congreso para su aprobación definitiva.La presentación del recurso de inconstitucionalidad por el PP había sido puesta en duda por las restantes fuerzas políticas de la oposición en las últimas semanas. El CDS dirigió anteayer una carta a los demás grupos parlamentarios contrarios al polémico proyecto para pedirles colaboración de sus diputados y senadores en la formalización del recurso.

Una de las vías para llevar la ley ante el Constitucional es la firma de 50 diputados y senadores, cifra que sólo puede garantizar el PP. Ortí Bordás advirtió ayer que su formación "de ninguna manera" está dispuesta a atender la solicitud de colaboración de los centristas. "Tenemos argumentos, razones y escaños suficientes para presentar el recurso nosotros si estimamos que el texto aprobado sigue siendo inconstitucional", señaló.

Rechazo a las enmiendas

El recurso está asegurado, según el portavoz popular, si la ley mantiene la figura de la retención policial para conseguir la identificación de un ciudadano (artículo 20) o rebasa la única excepción constitucional a la inviolabilidad de domicilio, que añadió, "es el flagrante delito y nada más".El político popular precisó que la inconstitucionalidad persistirá aunque se acepte la enmienda de CiU que incorpora el requisito previó de "evidencia" de un delito de narcotráfico, en vez del "conocimiento fundado" de la actual redacción, para legitimar la irrupción policial en un domicilio (artículo 21). La aceptación de esta enmienda, que rechazan sin paliativos el Ministerio del Interior y el Grupo Socialista, ha sido pedida por el Defensor del Pueblo.

Tampoco acepta el PP que la obligación de comunicar al juzgado las retenciones, pedida también por Minoría Catalana, haga desaparecer la inconstitucionalidad. "Si de lo que se trata es de ofrecer garantías al hipotético retenido", argumenta Ortí Bordás, "serán las garantías del detenido y nadie puede ser detenido sin presunción de delito".

Los populares reconocen la grave situación de inseguridad ciudadana, según el portavoz del Senado, pero la atribuyen al fracaso de los socialistas al enfrentarse al problema y en particular a la reforma penitenciaria del ex ministro de Justicia Fernando Ledesma.