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El asesor de García Valverde en la compra de fincas por Renfe da una versión distinta a la del ministro

El asesor para temas inmobiliarios de Julián García Valverde cuando éste era presidente de Renfe, José Luis Pinedo Crespo, entregó el pasado octubre un informe a la compañía que contiene una versión distinta de la que ofreció en el Congreso el actual ministro de Sanidad sobre las compras de terrenos en San Sebastián de los Reyes. El informe confidencial, que ha causado gran inquietud en el PSOE, está firmado también por el entonces director general adjunto del grupo de empresas, José María Rodes, y contiene más datos concretos que los aportados por Valverde en el Congreso.

Uno de los datos más sorprendentes es el que afirma que parte de los fondos obtenidos con la operación se destinarían a financiar el intercambiador de la estación de Renfe en Príncipe Pío en Madrid. El informe dice que tras las reuniones celebradas en febrero de 1990 entre los responsables de Renfe y la Comunidad de Madrid "se pacta la adquisición de suelo por parte de Renfe o cualquiera de sus sociedades del grupo empresarial para, aplicando.a dicho suelo el adecuado cambio de ordenación, generar plusvalías para poder compensar el coste del intercambiador de Príncipe Pío. Se llega al acuerdo de que se adquiera el suelo en el término municipal de San Sebastián de los Reyes en la zona afectada por el Plan Estratégico que la consejería estaba elaborando por estas fechas y de la que ya había redactado borradores".Por su parte, en el Congreso, Valverde no aludió para nada a una vinculación entre estas compras y la financiación de Príncipe Pío y explicó la operación en los siguientes términos: "la operación urbanística a desarrollar consistía, conforme a la estrategia autonómica y municipal, en la compra por Renfe de un cierto volumen de terrenos, en el entorno de la futura ubicación de las estaciones, [en Sebastián de los Reyes], a fin de situar al sector público en condiciones de conducir la gestión urbanística posterior; Renfe, en su momento, cedería tales terrenos al municipio para su incorporación al patrimonio municipal con destino a la construcción de viviendas sociales, según el programa establecido al efecto; a cambio, Renfe recibiría del ayuntamiento los terrenos situados entre la N-I y la nueva variante, con destino urbanístico ya previsto, consistente en usos terciarios, comerciales y de servicios, de equipamiento metropolitano, cuya materialización y puesta en marcado habría de proporcionar a Renfe los recursos necesarios para completar la inversión en las obras e instalaciones ferroviarias".

Pero Pinedo y Rodes, en su informe, no mencionan la permuta de terrenos entre Renfe y el ayuntamiento, ya que es "una cuestión técnica, y obvia para cualquier profesional del sector" según señaló ayer a este periódico el propio Pinedo. No obstante, en sus conclusiones señalan que el objetivo de la operación era generar plusvalías que permitieran contribuir a financiar el ramal de cercanías entre Chamartín-Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

En su comparecencia en el Congreso, Valverde aseguró también que en ningún momento hubo uso de información privilegiada. "No estamos tampoco" dijo "ante una operación opaca o clandestina de la que se hubiera podido beneficiar quien tuviera una información de la que los demás carecieran".

Información privilegiada

En este punto, Rodes y Pinedo, por el contrario, hablan de la conveniencia de actuar con máxima discreción "dado que ya se trabajaba en la zona con el convencimiento de que algo iba a ocurrir urbanísticamente, pues seis meses antes, la Comunidad había producido el primer borrador sobre el área y el propio ayuntamiento de San Sebastián, de los Reyes había iniciado la revisión del Plan General de Ordenación era imprescindible actuar con la máxima discreción para evitar que la identificación del comprador produjera una mayor subida de los precios".

En otro punto del informe, de forma implícita, admiten que están utilizando información privilegiada al expresar su preocupación por la posible filtración de los datos que manejan: "en todo tanteo previo para la modificación de un Plan General participan técnicos y políticos a nivel de la Comunidad correspondiente y del propio ayuntamiento y esto, sin que se pretenda atribuir a estos estamentos filtración alguna, hace prácticamente imposible el garantizar la estanqueidad informativa". Pinedo matiza en este sentido que efectivamente la información era accesible para el público en general y para el sector inmobiliario en, particular "si bien no todo el mundo presta la misma atención a las informaciones públicas".

Los poderes de Pinedo

Los amplios poderes de Pinedo en Renfe también sorprenden. Pinedo entró en Renfe en febrero de 1989. Estaba en nómina, con despacho y era de la plena confianza de la compañía, según fuentes próximas a la investigación. Pinedo, oficialmente, se fue de Renfe en abril de 1990. Trabajó en Afisa y, en septiembre del mismo año, regresó a la compañía, si bien, no figuraba en nómina. Las mismas fuentes afirman que tuvo un papel destacado en las operaciones de Renfe en Argentina. Pinedo asegura que su regreso a Renfe "con un contrato de asesoramiento" fue a petición del Gobierno argentino para que él en persona "concretara extremos del acuerdo [Renfe-Gobierno argentino] que habían quedado sueltos".

Los precios no cuadran

Lo complejo de la operación, de compra de Renfe afecta también a los precios. Según Pinedo y Rodes, el precio pagado por metro cuadrado -entre 3.200 y 7.688 pesetas-, se ajustó a la valoración hecha por una empresa "de reconocido prestigio". La mencionada firma, Intervalor, fijó un precio medio en la zona de entre 6.000 y 6.500 pesetas el metro cuadrado que, "una vez recalificados los terrenos" podría llegar a las 16.000 ó 20.000 pesetas. Posteriormente, desatada la polémica, Renfe encargó otra valoración, retroactiva, a Richard Ellis. Los responsables de la operación afirmaron que esta valoración coincidía en todo con la inicial. No obstante, y según una carta enviada por Rodes a la actual presidenta de Renfe, Mercé Sala, en octubre, Richard Ellis estimaba el precio en 2.350 pesetas antes de recalificar y 6.500 tras recalificar, tres. veces menos. Valverde, en el Congreso, afirmó que "los precios medios pagados se mantuvieron siempre dentro de las referencias fijadas por las valoraciones externas".

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