La nueva ley del servicio militar

El servicio militar no es un fin en sí mismo, se trata de un medio para dotar a los ejércitos del volumen de tropa marcado por sus exigencias; es sólo un medio de otro medio, los ejércitos, herramientas de la política de los Estados. Si alguna razón de ser tenía una nueva ley del servicio militar ahora en España era, por un lado, recomponer la imagen pública del servicio militar, en dramática erosión en los últimos años, y, por otro, intentar mejorar la eficacia de las Fuerzas Armadas mediante la adecuación de los mecanismos de reclutamiento y una mejor disposición del recluta forzoso a cumplir con sus tareas. El texto que ha presentado el Gobierno socialista al Parlamento para su discusión y aprobación difícilmente puede mejorar la imagen del servicio militar y, desde luego, no contribuye en nada al incremento de la eficacia operativa de nuestros ejércitos.

En primer lugar, se trata de una ley condenada al fracaso. A pesar de que el Gobierno ha querido presentar su propuesta como un modelo innovador y de cambio, el proyecto de ley resulta, por contra, esencialmente continuista en sus presupuestos y no da satisfacción a las expectativas de cambio profundo extendidas por toda la sociedad. Así, la aireada idea de una mili a la carta ha resultado, al final, ser una falacia. La única innovación significativa es la reducción del tiempo de prestación en filas a nueve meses. Todo lo demás, o bien estaba ya recogido en distintas normas, aunque de manera dispersa (tal es el caso del capítulo 4: derechos y deberes de los militares de reemplazo), o bien queda a la discreción de las autoridades del ministerio. De esa forma, por ejemplo, las posibilidades de elección por parte del interesado respecto al momento de la incorporación, el ejército en el que servir, el lugar de prestación y el área de actividad que mejor se ajuste a su formación y aptitudes personales quedan en suspenso a tenor del punto 4 del artículo 12, según el cual: "La manifestación de estas preferencias tendrá carácter de simple manifestación de opciones, no de terminará derechos subjetivos, y será atendida en la medida en que lo permitan las necesidades de reclutamiento".

En segundo lugar, se trata de una ley de imposible aplicación.

Efectivamente, esta ley podría funcionar en el caso de que se viese complementada con un costoso programa de modernización de las Fuerzas Armadas que atendiera a la mejora de la calidad de vida durante la prestación, la mejora de los programas de formación y adiestramiento de la clase de tropa, el incremento de la operatividad de las unidades mediante el aumentó del número de ejercicios y maniobras, la modernización del mate rial y la reestructuración de unidades a tenor de los cambios en el entorno estratégico. No es imposible en teoría. Al fin y al cabo, las personas están normalmente dispuestas a pagar por conseguir aquello que quieren, incluso, a veces, con notables sacrificios. Desgraciadamente, en materia presupuestaria el Gobierno de Felipe González ha dado muestras suficientes de que la defensa le interesa bien poco.

Efectivamente, satisfacer estos requerimientos choca directamente con la actual política presupuestaria del Gobierno, que, habiendo llevado durante su mandato los gastos de defensa del 2% al 1, 5% del PNB, recorta una vez más su presupuesto de defensa para el año 1992. En contra, incluso, de lo aceptado por los diputados que durante más de un año han trabajado en la ponencia sobre El modelo de Fuerzas Armadas en conexión con el servicio militar, quienes subrayaban en su dictamen parlamentario la necesidad de estabilizar el gasto en defensa español en el 2%, porcentaje por debajo del cual no tiene mucho sentido el gasto en defensa. Paradójicamente, pocos días después de hacer público el dictamen, el Gobierno anunció los recortes del ministro Solchaga, en los que Defensa resultaba ser uno de los departamentos que más ahorro absorbía (108.000 millones).

Impacto negativo

En tercer lugar, la nueva ley augura un impacto negativo en la eficacia de los ejércitos. Por un lado, la imposibilidad de limitar los tiempos de instrucción básica por debajo de los límites actuales, así como la de reducir los días perdidos por muy diversos motivos (permisos especiales, in corporación, licenciamiento, etcétera), hace que el recorte temporal afecte esencialmente al periodo de adiestramiento y formación específica del soldado. Reducir el tiempo conlleva disminuir sustancialmente el contingente operativo de las Fuerzas Armadas, cuyas unidades verán reducir en un 10% o 15% su índice de cobertura de personal, que ahora se sitúa, para las mejores unidades del Ejército de Tierra, en torno al 70% solamente.

En fin, que el Gobierno crea que su ley cierra el debate sobre el futuro del servicio militar es loable, pero dudoso. Ninguna ley del servicio militar, por blanda y a la carta que se quiera presentar, tiene su futuro garantizado. Es verdad que un servicio mi litar más corto, mejor pagado, más confortable en su cotidianidad, estará mejor considerado que otro donde los soldados no encuentren más que la penuria mental y material. Pero no dejará de ser eso, una prestación forzada durante nueve meses. Es verdad que el Gobierno siempre puede prometer mayores reducciones y una vida cuartelera menos militar. Pero todo tiene un límite, pues de nada vale una cómoda prestación individual que no mejora la seguridad colectiva.

El Gobierno, como tantas otras veces, se equivoca. Primero pensando que sus tibias reformas pueden contentar a los jóvenes hartos de perder un año de su vida, la más de las veces vegetando en los cuarteles, y, segundo, intentando conservar sus votos a costa de la cohesión y eficacia de nuestras Fuerzas Armadas, al fin y al cabo, los últimos garantes de nuestra tranquilidad.

El autor señala que la llamada mili a la carta no deja de ser una falacia de difícil aplicación. Ante la próxima entrada en vigor de la nueva ley del servicio militar, el autor subraya que el texto no resuelve la reforma de las Fuerzas Armadas. Rafael L. Bardají es director del Grupo de Estudios Estratégicos.