La CEOE pide a las empresas del transporte que anulen la huelga y al Gobierno que inicie negociaciones

Los dirigentes de la CEOE han pedido a su afiliada Conetrans, patronal del transporte de mercancías, que desconvoque la huelga fijada del 30 de diciembre al 6 de enero; paralelamente, han iniciado gestiones ante el Gobierno para que abra negociaciones. El ministro de Transportes, José Borrell, informó ayer que su departamento prepara un paquete de medidas de apoyo al sector, mientras el Ministerio de Economía anunció que aplicará sanciones de hasta 150 millones de pesetas si se lleva a cabo la huelga.

En un comunicado oficial, la CEOE desautorizó ayer la huelga de los empresarios del transporte y mostró su oposición porque "sólo agravará los conflictos y ocasionará desmesurados perjuicios". Ataca también al Gobierno a quien responsabiliza del paro por "su absoluta falta de sensibilidad a la hora de atender y negociar las propuestas que, reiteradamente, viene reclamando el sector" y porque "ha provocado llegar a esta situación de gravísima crispación".La CETM, confederación que reúne todas las empresas de transporte de CEOE, se ha expresado en parecidos términos y, aunque comprende la actitud de una de sus asociaciones -Conetrans-, matiza que "no promueve" la convocatoria de movilizaciones. Asimismo pide el mantenimiento del orden público en las carreteras españolas y ofrece su apoyo para desbloquear la situación.

Al margen de las declaraciones oficiales, la CEOE ha emprendido una mediación entre el Gobierno y los empresarios del transporte con la finalidad de evitar la huelga, según ha informado a EL PAÍS Alfredo Molinas, vicepresidente de la patronal y responsable del sector. Molinas se puso ayer en contacto con el Ministerio de Transportes para exponerle los problemas del sector y solicitar una negociación. La respuesta ha quedado pendiente para la próxima semana porque las demandas de los empresarios son competencia también de los ministerios de Economía y Trabajo, como las ayudas financieras, la jubilación anticipada o la subvención para formación profesional.

Ayer, José Borrell, titular de Transportes, informó que el problema no se había tratado en el Consejo de Ministros, pero su opinión es que "no se puede acusar al Gobierno de faltal de sensibilidad" y adelantó que su ministerio tiene previsto ultimar en el primer semestre de 1992 un paquete de medidas de. apoyo al sector. Asimismo dijo que otra prueba de buena voluntad es que la subida del impuesto sobre el gasóleo inicialmente era de siete pesetas y ha quedado fijada en cinco. Borrell aseguró que la repercusión de esa subida será de unas dos pesetas.

Multas para todos

Por su parte, el secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, informó también ayer que las empresas de transporte de mercancías serán sancionadas si llevan adelante la huelga, mediante la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. En ella se considera un "boicot" el que una empresa o grupo de empresas desbastezcan de productos a otra.

En aplicación de esta ley, las sanciones que se pueden imponer a las asociaciones convocantes de la huelga ascienden a 150 millones de pesetas y otros cinco millones para sus directivos. Las empresas que paren podrán ser también sancionadas con una multa de hasta el 10% de la facturación anual.

Pedro Pérez mostró ayer su asombro por ser ésta la primera huelga que se convoca en protesta por una bajada de precios. Según el secretario de Estado de Economía, a pesar de la subida de impuestos, el precio del gasóleo será a partir del 1 de enero próximo de 71 pesetas, frente a las 74,9 pesetas que costaba un año antes.

La Unión de Consumidores de España, por su parte, estudia si procede emprender acciones en los tribunales contra lo que considera un "cierre patronal ilegal". Su argumento es que, si ésta fuera una huelga, tendría que haber unos servicios mínimos para no dejar desprotegidos a los consumidores.

El Partido Popular, en cambio, cree que la huelga convocada por los transportistas es una nueva muestra de Ia arrogancia del Gobierno" y "de la postura recalcitrante del ministro Borrell", a quienes responsabiliza del "fantasma del desabastecimiento a las ciudades y a la población".

Otro paro más amenaza al sector convocado por UGT y CC OO en el transporte de viajetos y mercancías tanto urbano como por carretera para los días 20 y 21 de enero. Los sindicatos piden un convenio sectorial y jubilaciones anticipadas.