La 'ley Corcuera' sólo copia las restricciones

En una sentencia de enero de 1981, el alto tribunal francés advirtió que la verificación de la identidad podía afectar a la "libertad de ir y venir y a la libertad individual", así como a la separación de poderes. "La insuficiencia de las garantías dadas a las personas que serían objeto de ella permitiría", dijo, "inevitables abusos contra los derechos y libertades del individuo".Sin embargo, el Consejo Constitucional francés, en una sentencia interpretativa, convalidó aquella ley, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que la retención permitía al retenido "prevenir a su familia" o a otra persona y recurrir ("saisir") al fiscal y que se prohibía a la policía tomar las huellas digitales o hacer fotografías del retenido e introducir los datos en un fichero manual o automatizado, con lo que se evitaba, razonaba, "que los controles de identidad sean empleados para fines distintos" a los previstos: investigación judicial o prevención de un atentado al orden público o a la seguridad de las personas y los bienes.

El Consejo Constitucional francés tuvo en cuenta también que el hecho de que fuera la policía judicial la encargada de esas diligencias de identificación ofrecía garantías de respeto a la libertad individual, que no quedarían aseguradas si se atribuyeran a la policía administrativa.

El artículo 20 de la ley Corcuera no recoge las garantías que condujeron a la convalidación constitucional de la ley francesa en la que pretende inspirarse.