El PP pide que a los drogadictos se les fije una hora para volver a casa

Los drogadictos deberán volver a sus casas a una hora determinada y no podrán abandonar su municipio sin autorización previa. Los jueces, además, podrán fijar una serie de locales públicos a los que no puedan acudir toxicómanos detenidos por consumir públicamente drogas. Iniciativas de este tipo están incluidas en una propuesta de Ley Orgánica para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la drogodependencia, que ayer mismo fue presentada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados.

La propuesta del PP, explicada por su presidente, José María Aznar, comienza con la expresa prohibición del consumo de estupefacientes, drogas tóxicas y de sustancias psicotrópicas. El PP remite a un posterior decreto del Ministerio de Sanidad la determinación de los procedimientos médico-legales para determinar el uso habitual de estupefacientes, así como los métodos para cuantificar su consumo habitual en un plazo de 24 horas y los límites cuantitativos máximos "de principio activo por dosis media diaria".La iniciativa del Partido Popular establece que "quienes para su uso personal ilícitamente importen, adquieran o en general detenten estupefacientes (...) en dosis superiores a la media diaria (...) incurrirán en la sanción de suspensión de permiso de conducir, de la licencia de armas, del pasaporte y de cualquier otro documento administrativo equivalente o en prohibición para su obtención".

Entre las sanciones posibles también figuran multas de hasta 100.000 pesetas a quienes tiren a la vía pública jeringuillas usadas y hasta 400.000 pesetas para quienes se droguen en las proximidades de colegios. Los locales en los que se consuma droga también podrán ser cerrados o multados con sanciones de hasta dos millones de pesetas.

En caso de que el drogadicto se comprometa a someterse a un tratamiento de desintoxicación y quebrante tal compromiso, el gobernador civil podrá convocarle a su presencia, y, si el afectado no acude en el plazo de tres días, verá levantada la suspensión de la sanción que le correspondería y el asunto pasaría a manos del juez de lo penal, señala la propuesta legislativa.

José María Aznar defendió ayer en Vitoria esta proposición como perfectamente homologable a la de otros países y señaló que no solamente incluye medidas represivas, sino que también son beneficiosas para quienes acepten tratamientos de desintoxicación. En concreto, los populares permiten una suspensión de las sanciones previstas contra quienes consumen dosis inferiores a cierta cantidad, que determinaría el Ministerio de Sanidad, si aceptan someterse a un específico plan sanitario de rehabilitación.

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