¡Nos vemos en los tribunales!

Nunca una crisis bancaria había motivado tantas acciones legales en tan poco tiempo. Cinco semanas después de que el Banco Europeo de Finanzas (BEF) presentara expediente de suspensión de pagos, todas las partes implicadas se han lanzado a la arena jurídica en busca de unos derechos que reclaman casi a gritos. Accionistas antiguos y actuales, gestores, consejeros, clientes, autoridades administrativas..., hasta los propios representantes de la justicia, están participando en esta batalla legal, que promete ser larga y jugosa.

La verdad es que el grupo Eurocapital (propietario del 100% del BEF) ya tenía experiencia en eso de pasar por los tribunales. Todavía hoy colea el expediente abierto en su día por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) contra Eurocapital S.A., por irregularidades en la colocación de acciones de Repsol. Un proceso que retomó el fiscal y presentó querella criminal contra buena parte del consejo de administración del grupo, con Álvaro García Lomas y José del Alcázar a la cabeza.Con esa experiencia judicial y en medio de luchas internas en el seno del consejo del grupo, el hasta hace muy poco presidente de Eurocapital y del BEF, Francisco Peiró, emprendió una segunda acción contra el citado José del Alcázar y su colaborador Liberto Campillo. La demanda no fue admitida a trámite, pero sí puso al descubierto el verdadero trasfondo de la cuestión. Peiró pretendía con esa acción desviar la atención ante un expediente abierto por la CNMV por manipular el valor de las acciones de Inmobiliara Alcázar y maquillar el balance de 19891, entre otras cosas.

Este expediente de la CNMV, al igual que otro posterior relacionado con la utilización de dinero negro, y otros dos del Banco de España por actuaciones irregulares de todo tipo (falsificación de pagarés forales, movimientos de dinero sin justificar, etc.) están ya en manos de la Fiscalía. Aunque, como la Justicia tiene su propio ritmo, es previsible que el fiscal no diga esta boca es mía hasta que pase un tiempo prudencial.

Pero la cosa no queda ahí, la batalla legal no se está produciendo sólo entre las autoridades administrativas y los consejeros, o entre éstos entre sí. El Banco de España y el juez que instruye el caso también están enfrentados entre sí. La autoridad monetaria no vio con buenos ojos desde un principio cómo actuaba el juez Ismael Kirán y se ocupó personalmente de que sus interventores tuvieran mando en plaza, en contra de los nombrados por el juez. Ese enfrentamiento está todavía vivo y ambas partes han entrado ahora en una guerra de comunicados. En el fondo no se trata más que una batalla de competencias, de difícil solución.

Otró frente abierto

Tampoco tiene fácil salida el enfrentamiento, entre el juez y los miembros del consejo de administración de Eurocapital y el BEF, destituidos por Kirán. En su auto, el juez les excluia de toda gestión en el banco intervenido, salvo para las acciones relacionadas con la suspensión de pagos propiamente dicha. Los consejeros ya han anunciado que recurrirán, con lo que este nuevo frente seguirá abierto durante mucho tiempo. Mientras tanto, el Fondo de Garantía de Depósitos tendrá que nombrar nuevos responsables y el Banco de España nuevos interventores.La Diputación Foral de Vizcaya tampoco podía quedar fuera de este entramado de demandas y querellas. Desde que se conoció la existencia de al menos 1.400 millones de pesetas en resguardos falsos de pagarés forales y del Tesoro, los responsables forales empezaron a estudiar todas las posibilidades de defensa, o de ataque, contra los directivos del BEF. La Diputación presentará en breve una querella criminal contra Francisco Peiró y su equipo directivo, según declaraba el miércoles Juan Luis Laskurain, responsable foral de Hacienda.

Esta querella no va a impedir sin embargo, que un numeroso grupo de inversores en pagarés forales de Vizcaya vaya a actuar contra la Diputación. Este grupo se queja de que la Diputación se niega a abonar los pagarés vencidos, aduciendo que es el BEF el que lo tiene que hacer (no puede, por estar en suspensión de pagos). Esta semana ya han dado el primer paso, al presentar un requerimiento notarial a la Diputación para que les abone los pagarés vencidos de forma inmediata. Lo siguiente será una demanda, o incluso una querella.

Este panorama de acciones y contra acciones judiciales quedaría incompleto si no se incluyen las actuaciones anunciadas contra Francisco Peiró, como primer ejecutivo del grupo durante los últimos años. El martes pasado, los consejeros cesados por el juez, encabezados por Pedro Gómez Montoya y José Manuel Fernández, decidieron emprender acciones contra Peiró y su secretario general, Enrique Pastor.

Todavía no se sabe la trascendencia y el alcance que tendrán las actuaciones del consejo contra su ex presidente, pero en una carta enviada el pasado dia 30 de octubre a todos los clientes del BEF, el consejo decía textualmente que "el consejo ha recibido instrucciones de la Junta General de ejercitar una acción social de responsabilidad sobre aquellos miembros ejecutivos que hasta el momento llevaban la gestión de la sociedad". Pronto se sabrá en qué queda eso.

Ante este panorama, parece difícil que la autoridad monetaria pueda encontrar una solución rápida a la crisis del BEF. A estas alturas, casi nadie puede estar interesado en comprar el banco. Tan sólo la Caja de Ahorros de Ronda sigue estudiando la posibilidad de compra, para recuperar parte de los 12.000 millones que le dejó a deber el BEF en el mercado interbancario.