El Consejo General exige a los responsables políticos respeto "ejemplar" al poder judicial
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer, por unanimidad de sus 21 miembros, una declaración que responde a las manifestaciones del ministro del Interior, José Luis Corcuera; el presidente del Gobierno, Felipe González, y el líder del PP, José María Aznar -a quienes elude nombrar-, y las califica de desconocedoras de la función constitucional que corresponde a jueces y magistrados. El CGPJ exige a los responsables políticos una actitud ejemplar de respeto al poder judicial y estima "muy lamentable" que contrapongan la eficacia contra la delincuencia y el cumplimiento de la Constitución.
El presidente del CGPJ, Pascual Sala, leyó a los periodistas la declaración en presencia de 13 consejeros -entre ellos no se encontraba Soledad Mestre, única objetante durante la elaboración del documento, aunque finalmente no se opuso al mismo- e insistió en su valor conjunto, "no por partes". Sala rechazó el carácter "pedagógico" del documento "explicativo y clarificador" como si unos y otros términos fueran incompatibles.La declaración consiste en "consideraciones sobre la justicia y el respeto que se le debe", con motivo de "diversas declaraciones y acontecimientos públicos" que no se mencionan. En el borrador elaborado por Tomás Vives, "más duro que el redactado por Andrés de la Oliva", según un miembro del Consejo, "sí se hacía referencia a personas concretas". Esta fuente explicó a quiénes contesta el documento.
Legitimación de los jueces
En lugar central de la declaración se encuentran Corcuera y González, "en tanto que este último respaldó al prirnero". Así, cuando recuerda que los jueces y magistrados, sin haber sido elegidos, cuentan con legitimación democrática" suficiente, o cuando estima perjudicial para la sociedad y el Estado "que la labor profesional de los jueces se vea frecuentemente menoscabada".Igual ocurre cuando el CGPJ señala: "Aducir unas pocas decisiones judiciales como causa de la menor eficacia en la represión de la delincuencia y como fundamento de esa falta de respeto a miembros del poder Judicial, sería tan erróneo e injusto como vilipendiar a los miembros de las fuerzas de Seguridad y culparles del incremento de la delincuencia desde unos cuantos casos de presuntos delitos atribuidos a policías".
Aznar puede darse también por aludido cuando se reprocha que a los tribunales "se les impute sin fundamento falta de objetividad o parcialidad partidista". También responde a Aznar, a la vez que hace una defensa de la independencia judicial, cuando el CGOPJ recuerda que los jueces y magistrados "únicamente están sujetos a la ley y al Derecho ( ... ) y no deben ser destinatarios de ninguna clase de presiones, insinuaciones o instrucciones, generales o concretas, por parte de ningún órgano público, sea del poder ejecutivo, del legislativo o del propio poder judicial".
El CGPJ considera "exigible" que los poderes públicos y los políticos "sean auténticamente ejemplares en el respeto y cumplimiento de las resoluciones judiciales, pues disponen de un poder que sería altamente peligroso si no se hallase sometido al Derecho, que precisamente los jueces definen en cada caso".
Gran calado se atribuye frente a la mayoría socialista que el CGPJ estime que "desde posiciones de responsabilidad" es "muy lamentable" que se aliente "una contraposición entre eficacia de la lucha contra la delincuencia y legalidad o constitucionalidad. "Tal contraposición, además de radicalmente contraria al Estado que nuestra Constitución establece, no responde a la realidad". Por el contrario, el Consejo cree que tal eficacia "será tanto mayor cuanto más perfectas e irreprochablemente constitucionales sean las leyes".
La declaración del CGPJ ratifica la nota emitida por Sala cuando se produjeron los primeros ataques de Corcuera. Sin embargo, preguntado sobre el escrito remitido al CGPJ por el secretario general de Instituciones Penitenciarias Antoni Asunción, en el que se advierte del uso de la fuerza fisica frente a resoluciones de una juez de vigilancia, Sala declinó responder "por encontrarse pendiente en una comisión" y por su deseo de "no magnificar" ese asunto.
Comprensión de De la Quadra
El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, consideró ayer "lógico" el documento del CGPJ. En los pasillos del Congreso señaló que coincidía con los jueces en la necesidad de que los poderes del Estado se respeten entre sí, y subrayó "la extremada delicadeza que hay que tener en muchas declaraciones sin perjuicio de la libertad de expresión".
Tomás de la Quadra añadió: "Es necesario que los representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial se esmeren en no hacer ningún tipo de pronunciamiento que pueda suponer algún menoscabo en la función que los demás poderes cumplen".
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