La Comunidad prefiere ubicar la Asamblea en la plaza de Castilla

Los responsables del Gobierno de la Comunidad de Madrid discrepan con el presidente de la Asamblea, Pedro Diez, de Izquierda Unida, sobre la localización de la nueva sede de la Asamblea, aunque coinciden con éste en que tendrá que edificarse sobre terrenos del Canal de Isabel II. Por el momento, la Asamblea de Madrid está alojada en el caserón de la antigua Universidad central de San Bernardo, donde han aparecido grietas.

Mientras Díez se ha mostrado partidario de ubicar las nuevas instalaciones de la cámara en el distrito de Chamberí -en la calle de Santa Engracia o en la de Islas Filipinas- (véase EL PAÍS de ayer), el portavoz de la Comunidad, el consejero Jaime Lissavetzky, indicó que el Ejecutivo regional prefiere que la nueva construcción se alce en la plaza de Castilla, también en terrenos de la empresa pública de suministro de agua.

Lissavetzky admitió que tanto el presidente Joaquín Leguina como otros miembros del Ejecutivo regional habían mantenido contactos con Pedro Díez sobre la nueva sede de la Asamblea, pero sin cerrar aún un acuerdo. El portavoz destacó que las parcelas del Canal de Isabel II del distrito de Chamberi presentan problemas técnicos para edificar sobre ellas.

Sin embargo, Lissavetzky anunció que el Gobierno autonómico baraja una propuesta para construir en los terrenos del Canal situados en la plaza de Castilla -en el lado de la calle de Mateo Inurria- dos edificios de nueva planta: uno para el Parlamento madrileño y otro para usos culturales. La operación urbanística, según el portavoz -titular de la cartera de Educación y Cultura-, debería financiarse con aportaciones de la iniciativa privada.

En la pasada legislatura, el Gobierno de Joaquín Leguina presentó un proyecto de rehabilitación de las instalaciones del Canal de Isabel II en esa zona del paseo de la Castellana, en el que se incluía una auditorio con capacidad para 5.000 espectadores, salas de exposiciones, un museo del agua y un parque público. Sin embargo, los responsables municipales de centro-derecha y los concejales y diputados regionales de Izquierda Unida se opusieron al sistema de financiación de las obras: la enajenación de una parcela para la construcción de un bloque de oficinas.

El consejero de Hacienda, Ramón Espinar, señaló que el presupuesto de construcción del nuevo Parlamento autónomo podría cubrirse también con cargo a un crédito hipotecario.