Marruecos sustituye a los responsables del consulado denunciado por corrupción

El vicecónsul de Marruecos en Madrid, Hassan Kantach, dejó su puesto a principios de esta semana. El propio cónsul general, Abdesalam Abdelwahab, abandonó Madrid el jueves pasado, con destino a Rabat, tras haber entregado diversa documentación a nuevos funcionarios llegados de Marruecos. La Asociación de Trabajadores y Comerciantes Marroquíes (Widadia) asegura que dichas medidas han sido adoptadas tras una reunión del embajador, Azeddine Guessous, con sus cónsules en la que se trató sobre las acusaciones de corrupción en los consulados de su país, sobre todo los de Madrid y Málaga.

Las medidas han sido saludadas con entusiasmo por dicha asociación, cuyo vicepresidente, Mustafá el Mhassani, anunció la continuidad de las indagaciones sobre otras personas de la red de corrupción" y expresó su "agradecimiento al embajador por este primer paso". El Mhassani ha retirado una denuncia judicial que tenía presentada, contra el cónsul por coacciones, porque, "como ya no está, es una tontería mantenerla".La Embajada de Marruecos, consultada por este periódico, ha confirmado la salida del vicecónsul, pero ha negado el relevo del cónsul. "Eso sería tanto como reconocer la corrupción, y no se ha demostrado todavía ninguna de las acusaciones", explicó el portavoz de la representación diplomática, quien atribuyó los cambios de personal a "traslados normales de destinos". Sin embargo, en el Consulado, cuando se pregunta por el cónsul Abdelwahab, se da el nombre de un sustituto y se especifica que éste aún no habla español.

Las denuncias de inmigrantes han colocado al embajador en una posición incómoda. No sólo se ha producido un problema en el seno de la comunidad marroquí, sino que las acusaciones afectan al proceso de regularización de inmigrantes ilegales actualmente abierto por España. Mil quinientas peticiones han sido retenidas por antecedentes de detenciones, y "varios centenares" por indicios de falsificación en los documentos entregados, según fuentes policiales. De las 60.000 solicitudes de legalización de inmigrantes clandestinos ya presentadas, casi la mitad corresponden a ciudadanos marroquíes.

5.000 rechazados

Los problemas provocados por los consulados tuvieron gran responsabilidad en el fracaso de la primera regularización, que se intentó entre diciembre de 1990 y mayo de 1991. La única posibilidad de legalizarse entonces consistía en tramitar las peticiones a través de los consulados. Constan a EL PAÍS casos de personas que pagaron hasta 150.000 pesetas por conseguir los papeles necesarios. Más de 5.000 de las 7.000 solicitudes presentadas en ese período fueron denegadas por las autoridades españolas.La segunda regularización, abierta en junio pasado, se desarrolla con un procedimiento distinto: las solicitudes se presentan directamente en las oficinas españolas de migraciones. Pero el inmigrante clandestino está obligado a acreditar su identidad con la presentación del pasaporte, del que carecen muchos de ellos, y ese documento sólo puede conseguirse en los consulados. Las falsificaciones afectan también a los contratos de trabajo, sin los cuales el inmigrante ilegal no puede normalizar su situación.

El trámite de facilitar documentos a los inmigrantes marroquíes se conseguía, según las denuncias de diversas asociaciones, previo pago de fuertes sumas bajo cuerda a funcionarios consulares o personas conectadas con aquéllos. También se han descrito retenciones de ciudadanos marroquíes, por parte de personas supuestamente vinculadas al cónsul anterior, que eran entregados a la policía española como método de amedrentar a la colonia de inmigrantes. Nada menos que 12.800 marroquíes fueron detenidos el año pasado en territorio español.

El embajador, Azeddine Guessous, consiguió parar una manifestación, organizada para el 7 de septiembre pasado por la mencionada Asociación de Trabajadores y Comerciantes (Widadia) y el grupo islámico El Imán, a cambio de investigar las denuncias.

Sin embargo, otra asociación más radical, ATIME -que cuenta con el apoyo del sindicato español UGT- celebró una sonora manifestación en Madrid, el pasado día 22, que obtuvo amplio eco en los medios informativos. Todas las asociaciones de marroquíes, aunque enfrentadas entre sí por motivos políticos, han coincidido en denunciar la corrupción en los consulados como el mayor problema para la regularización de sus compatriotas, en el plazo que termina el próximo 10 de diciembre.