El PP se queja de la actuación del Defensor del Pueblo contra el alcalde de Madrid

El Partido Popular presentará una queja ante el Defensor del Pueblo por considerar que su titular, Álvaro Gil-Robles, se ha excedido en sus competencias al calificar de inconstitucionales unas declaraciones del alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, y amenazarle con la apertura de un expediente. Éste envió ayer un escrito al defensor en el que se ratifica en su postura de que los antecedentes podrán ser usados para cribar a los chabolistas que serán realojados en Villaverde, pero sin que ello suponga una violación de la intimidad de las personas o de sus derechos fundamentales.

En el contexto de las protestas realizadas por vecinos de Villaverde contra el realojo de 88 familias gitanas en ese distrito, el alcalde sugirió hace unos días al Consorcio para el Realojo de la Población Marginal que se evite que entre las personas que se van a realojar se encuentren algunas con antecedentes policiales. El Defensor del Pueblo decidió la "apertura de oficio de una queja", al considerar que con esas manifestaciones podrían quedar afectados derechos fundamentales proclamados en la Constitución.La diputada Loyola de Palacio declaró a Efe que el PP ha realizado un estudio jurídico según el cual Ia actuación del defensor infringe distintas normas reguladoras de la institución", explicando que el expediente de queja abierto contra el alcalde no pueden ser iniciado de oficio, ya que tal actuación únicamente cabe contra actos y resolucilones de las Administraciones y no contra declaraciones verbales.

El PP entiende que la actuación de Gil-Robles "no se ajusta a derecho" y que éste podría haber llegado a conculcar el artículo 20 de la Constitución (sobre la libertad de expresión).

El alcalde, en su contestación oficial al defensor, dice estar "vivamente preocupado" con los problemas surgidos en torno a ese realojamiento, y precisa que todas sus actuaciones han estado presididas por 11 el decidido proosito de encontrar la solución más idónea para el problema del realojo y de la fuerte oposición de los vecinos de Villaverde".

Aumento de la inseguridad

Esta oposición, según el alcalde, ha sido presentada como una manifestación de racismo, cuando "está producida por el temor a que se alcancen altos niveles de delincuencia derivados de la dedicación de algunos de los posibles beneficiarios de la operación al tráfico de drogas, con el consiguiente aumento de la inseguridad y el deterioro de la convivencia".

El alcalde reitera al defensor que el "sistema a aplicar para intentar resolver este problema pasa por la selección de los beneficiarios. Así lo he manifestado y así lo mantengo", subraya, que no propugna "investigaciones que lleguen a la intimidad de las personas y puedan afectar a derechos fundamentales".

El alcalde estima necesario disponer "de la mínima pero necesarla información de cuyo conjunto sea posible extraer al menos el convencimiento de que se dan las condiciones objetivas y subjetivas que permitan esperar la integración de estas personas, sin que se produzcan los graves inconvenientes que pueda originar el asentamiento indiscriminado de un grupo de ellas en el que puedan incluirse delincuentes habituales".

Ayer por la tarde, unos 600 vecinos de Vicálvaro decidieron en una asamblea callejera exigir a la Administración un plan de choque para erradicar antes de seis meses las 360 chabolas de Los Focos. Juan José Soriano, presidente de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro, solicitó a los vecinos de Villaverde y Perales del Río que "asuman su cuota de chabolistas". La asociación emprenderá movilizaciones si no se atiendan estas solicitudes.

La asociación de Vicálvaro, que agrupa a 2.000 familias, se mostró de acuerdo con que no se conceda vivienda a quienes tengan "solvencia económica y menos si ésta procede del narcotráfico". Los vecinos se reunirán el jueves para adoptar medidas de presión, una vez que conozcan si Villaverde acepta el realojamiento con el compromiso de los gitanos de no vender droga en el futuro poblado.