Corcuera duda que la justicia "se abra camino" en el 'caso Juan Guerra'

El ministro del Interior, José Luis Corcuera, mostró ayer en el Pleno del Congreso sus dudas de que la justicia "se abra camino" en el caso Juan Guerra. Corcuera respondía a una pregunta parlamentaria del Partido Popular (PP) sobre la actuación de la policía en la investigación de esta causa y dijo: "Ojalá trascendiera menos lo que ocurre en ese sumario para que de verdad la justicia se abra camino, cosa que no tengo yo mucha seguridad de que así sea".

El diputado del PP Luis Torres había preguntado a Corcuera por el comportamiento del jefe de la Brigada de Delitos Económicos de Sevilla, José Aulet, quien, según el parlamentario popular, está dificultando el trabajo del juez Ángel Márquez, encargado del sumario del caso Juan Guerra. El diputado cuestionó la actuación de Aulet, del que dijo a Corcuera que se ha dedicado a entorpecer las investigaciones sobre "la financiación de su partido".Torres agregó que el juez Márquez ha tenido que apartar a José Aulet "de investigaciones en las que aparecen implicados altos cargos de la Junta de Andalucía tras detectar que el inspector no sólo no colaboraba, sino que obstaculizaba la investigación, induciendo al magistrado con falsas informaciones a realizar registros conducentes al fracaso".

El ministro replicó que no considera qué haya nada cuestionable en la actuación de dicho funcionario policial, "por lo que no vamos a tomar ninguna medida" contra el mismo. Corcuera agregó que no tenía "el menor inconveniente" en debatir con el diputado popular la financiación de los partidos, "también del suyo". Y manifestó a Torres: "Si usted se empeña debo decirle que ésta es una investigación producida durante muchos meses, y de la que afortunadamente nada ha trascendido, y ha tenido sus efectos positivos". Fue entonces cuando Corcuera mostró sus dudas de que la justicia "se abra camino" en el caso Juan Guerra.

Por otra parte, el abogado Manuel Fernández del Pozo reveló ayer que la fiscalía del Tribunal Supremo ha informado negativamente su petición de que sea el alto tribunal el que asuma todas las competencias en el caso Juan Guerra. Fernández del Pozo requirió al Supremo al entender que en las diligencias aparecen imputadas personas con fuero especial, entre las que incluye al exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y a los tres delegados del Gobierno en Andalucía, informa Juan Méndez.

Tragaperras

Mientras, la empresa Recreativos Astigi, implicada en el caso Juan Guerra tras haberse detectado irregularidades en la concesión de licencias de máquinas tragaperras, "no tenía ningún interés en su explotación", según se desprende de la declaración efectuada ayer por Gregorio González Hernández, gerente de Oper Reunidos SA., empresa que le suministró las máquinas de juego tipo B.

Según Manuel Fernández del Pozo, letrado acusador de Izquierda Unida en el caso, el gerente de Oper confirmó al juez que Recreativos Astigi solicitó la compra de las máquinas en noviembre de 1987, y que una vez obtuvo las guías de las tragaperras -requisito para obtener las licencias- no puso ningún interés en tenerlas en su poder. Para el letrado este hecho induce a pensar que la operación era sólo especulativa.