España fija en 100.000 los nuevos inmigrantes que serán legalizados

Cien mil personas en situación ilegal es la cifra máxima de extranjeros que las autoridades españolas de inmigración están dispuestas a aceptar en el actual proceso de legalización. Esta cifra, que oficialmente no se considera como un cupo preestablecido e inamovible, es, sin embargo, la que se maneja entre las diversas autoridades implicadas y las asociaciones no gubernamentales de asistencia a los extranjeros.

Las peticiones de estas últimas han influido para que la policía haya reducido el número de detenciones y de propuestas de expulsión. Pero diciembre de 1991 es el fin del periodo de gracia. A partir de ese momento, la política del Gobierno será de puertas cerradas a la inmigración clandestina y de vuelta a la política de expulsiones.Los legalizados tienen derecho a reclamar a sus familiares directos -cónyuge e hijos-, lo cual puede multiplicar por dos o por tres el número de extranjeros que debería admitir la economía española y sus sistemas sanitario y educativo en un plazo de dos a tres años. Esta previsión, unida a los 400.000 extranjeros que residen legalmente en Espana, acerca la cifra de inmigrantes legales a 700.000 a partir de 1992, cantidad a la que habría que sumar la de los inmigrantes ilegales que -no entrarán en el proceso de regularización. Esta cifra fluctúa entre 150.000 y 300.000.

Las organizaciones asistenciales se preguntan dónde y cómo van a vivir los legalizados y sus familias: la regularización no establece el acceso a viviendas sociales, por ejemplo. Mientras, al Gobierno le preocupa cómo integrar a tantas personas sin que eso se convierta en un problema político y electoral.

El actual proceso de regularización, que termina el 10 de diciembre, afecta sólo a aquellas personas que demuestren haber llegado a España antes del 15 de mayo pasado. No se contempla la admisión de 100.000 inmigrantes que lleguen a partir de ahora, sino que se trata de sacar a la luz a los ilegales que ya estaban aquí antes del 15 de mayo. OrganizaCiones no gubernamentales y asoclaciones de inmigrantes creen que ya había muchos más extranjeros antes de esa fecha, mientras Interior sitúa el colectivo afectado en torno a las 100.000 personas y Trabajo lo estima en 170.000.

Página 13