El PP fabricó la estampilla de Ballarín para el voto por correo

El notario Alberto Ballarín ha declarado ante el juez Rafael Mozos, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, que el propio equipo electoral del Partido Popular rellenó los datos que sirvieron para la legitimación de votos por correo en los pasados comicios. Según fuentes jurídicas, Ballarín y sus empleados han revelado que el PP encargó la fabricación de una estampilla de imprenta en la que luego inscribía la identificación de los electores.

Durante las diligencias penales por supuesto fraude electoral que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 2 -que se reanudarán en octubre- el notario consideró que 3.419 votos por correo se habían legitimado con su firma falsifícada y con la estampilla de la que disponía el PP.El texto de la estampilla, que se adjunta a la solicitud de voto postal, es el siguiente: "Alberto Ballarín Marcial, notario de Madrid. Doy fe: que considero legítima la firma de don [nombre del votante por correo] por ser al parecer la misma que figura en su Documento Nacional de Identidad número (...) que me exhibe".

El fedatario legitimó correctamente otras 4.000 delegaciones del trámite para el voto postal. La avalancha de trabajo fue el argumento esgrimido por Ballarín para justificar que el PP rellenase la documentación electoral.

Ballarín declaró que el requisito de exigir la presencia de los electores en el trámite de la delegación del voto obstaculizaría, a su juicio, el derecho a esta modalidad de sufragio y perjudicaría también a los candidatos, que se quedarían sin esos votos. De esta forma, se amparó en el artículo 256 del Reglamento Notarial y en su propio criterio para legitimar las delegaciones con la fotocopia del DNI de los electores.

Sin embargo, Ballarín señaló que desde el 14 de mayo dejó de usar esta técnica tras recibir una circular del Consejo General del Notariado en la que se desaconsejaba la legitimaación mediante el cotejo de firmas con el DNI.

Una nota oficial de la organización del 12 de julio precisaba que, a la vista de la "delicadeza del proceso electorital", se habían dictado en septiembre de 1987 instrucciones "orientativas" para los notarios sobre legitimación de Firmas a efectos electorales. El Consejo considera que el artículo 262 del Reglamento Notarial exige la presencia del firmante y que la autorización del voto postal "implica una declaración de voluntad". "Parece que la legitimación debería requerir la presencia del interesado, para estampar su firma, o para reconocerla", agregaba.

Según la declaración del notario, Asunción de la Peña y Ricardo Hurtado acudían a su despacho como enlaces del PP, aunque Ballarín atribuyó a De la Peña el papel de "canal conductor".

El fedatario admitió ante el juez que apreció cierta precipitación, desorden y desbordamiento en cuanto al número de papeletas presentadas. El notario hizo constar también que desechó unas 100 papeletas porque no le parecían auténticas y que por esa razón advirtió a De la Peña que prepararan con más cuidado las solicitudes.

Sin embargo, cuando Ballarín observó reproducidas en EL PAN algunas fotocopias de papeletas legitimadas por él -y declaradas falsas por unos peritos consultados por este diario- vio una firma que le pareció sospechosa. El notario declaró ante el juez que, en su opinión, ha habido tres falsificadores distintos. El notario afirmó que no legitimó más de 5.000 firmas.

El reconocimiento de la falsedad de las 3.419 firmas no invalida la alcaldía de José María Alvarez del Manzano, que cuenta con un edil más de los necesarios para la mayoría absoluta. La retirada de dichos votos tampoco privaría al PP de su último concejal, que todavía tendría un margen de 90 sufragios. El presunto fraude fue cometido, obviamente, cuando aún no se conocían los resultados.