Garzón considera que la Ley de Seguridad Ciudadana contiene "aberraciones jurídicas" y es "inconstitucional"

Baltasar Garzón, titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, calificó ayer en un curso sobre narcotráfico de "inconsititucíonal" el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo texto solicitó que sea retirado o modificado dadas sus "aberraciones jurídicas". Garzón y el fiscal antidroga, José Aparicio, coincidieron en denunciar las lagunas que aún ofrece la legislación española sobre el narcotráfico, como la ausencia de tipificación del delito de blanqueo y de alternativas a la prisión para los drogadictos que delinquen. Ambos juzgaron más necesario reforzar la prevención que la penalización, así como incorporar a la legislación convenios internacionales ya suscritos.

El magistrado, en una sesión del curso sobre narcotráfico de la Universidad Complutense celebrado en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), calificó ayer de "aberración jurídica" el artículo del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que permite a los agentes entrar en un domicilio sin autorización ante un "flagrante" delito de narcotráfico. Garzón estima que con esto se pretende trasvasar competencias del ámbito policial al policial y posibilitar la entrada en domicilios ante meras sospechas, lo que "se confunde por flagrante", y por ello defendió que sea un juez quien medite si debe permitir o no dicha irrupción. Garzón aseguró que esta ley, por su enfoque meramente represivo, no resolverá el problema de la droga que tiene planteado España.También criticó el magistrado las multas para el consumidor en público de drogas que prevé la futura ley, e ironizó que "algunos deberán delinquir para poder pagarlas". Garzón, como Aparicio, reclamó una política real de prevención del consumo con medidas educativas, y sociales, por entender que el consumidor es el eslabón más débil del narcotráfico.

Eslabón más débil

Coincidieron ambos en la inoperancia de la figura legal que permite suspender la pena a un delincuente toxicómano para que se someta a rehabilitación, dados los innumerables requisitos que se exigen, como que la pena no supere los dos años y no sea reincidente. El magistrado abogó por medidas de libertad vigilada o cualquier otra fórmula imaginativa. Garzón censuró el fracaso del sistema penitenciario frente al drogadicto, por estimar que lejos de rehabilitarlo lo margina más, y cifró en 1.152 los muertos previstos por consumo de droga para este año, lo que supondría un incremento sustancial frente a los 690 de 1990, según indicó. No obstante, Baltasar Garzón, que ha llevado casos de la envergadura en este área como la Operación Mago contra los capos gallegos y contra la mafia turca, se declaró totalmente opuesto a la legalización de la venta de drogas. Posición que justificó en que las experiencias acometidas en este terreno en otros países se han visto fallidas toda vez que provocaron un incremento del consumo. A su juicio, tampoco evita esta medida que sigan operando las mafias del narcotráfico.Garzón reclamó que se regule la figura del arrepentido, de tal manera que se establezcan, con carácter general, los beneficios que estas personas pueden obtener de la justicia por aportar datos que permitan desmantelar las estructuras para las que trabajaban.

Igualmente, el titular del juzgado de número cinco de la Audiencia Nacional, se mostró partidario de que se regule la figura de las "entregas vigiladas" de droga, para que éstas no se conviertan nunca en delitos provocados por los propios agentes.

Garantías a los bancos

Por su parte, Aparicio recordó que se debe incorporar al Código Penal antes de 1993 la directiva aprobada en Junio pasado por los ministros de Economía comunitarios. Este documento prevé, entre otras cosas, dar garantía legal a los bancos de que las informaciones que faciliten a las autoridades competentes, incluso por propia iniciativa ante una operación con indicios de ser un blanqueo de dinero del narcotráfico, no constituyan nunca una violación de las obligaciones impuestas por contrato o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa y, por lo tanto, no implicarán para estas entidades, o sus empleados, ninguna responsabilidad.Aparicio también solicitó que se instituya el decomiso cautelar de bienes de narcotraficantes, medida hoy sólo posible como pena. Igualmente, reclamó para los fiscales la investigación de los casos de narcotráfico. Respecto del secreto bancario, afirmó que debe supeditarse a valores superiores como la salud y la vida. También criticó que la ley no defina qué cantidad de droga puede considerarse para consumo propio, y cuál para venta, lo que ha generado una contradictoria jurisprudencia. El Fiscal antidroga también apeló a que se incorpore a la legislación española el texto de la Convención de Viena, de 1988, que regula con detalle cuanto se refiere al narcotráfico y, en especial, al blanqueo de capitales. "Los convenios se firman para cumplirlos", indicó José Aparicio.