Una apuesta por el liberalismo social

Una de las señales de una democracia saludable es la calidad, la amplitud, la intensidad del debate sobre la vida pública; debate que a menudo implica un juego sujeto a frágiles reglas en el que cada contendiente se acoge, a modelos y perspectivas diversos. Pero éste es, acaso, el destino del discurso sobre la realidad social.En distintos ámbitos del mundo se discierne sobre la crisis del Estado. En las sociedades que han vivido el socialismo real, en las llamadas posindustriales o en aquellas que experimentan un acelerado proceso de modernización, como la nuestra, se piensa en la necesidad de considerar de nuevo los fines del Estado, los límites de la política, las relaciones entre Estado y sociedad civil.

Una exigencia es unánime: la democracia como el mejor instrumento, ya para fundamentar la relación con el gobernado y legitimar el poder, ya para liberar las energias sociales. En todo caso, la crisis es un hecho generalizado que es preciso afrontar; se trata de un ajuste de cuentas de la sociedad con su organización estatal.

El liberalismo socialSi pensamos históricamente los problemas de México, hemos de admitir que el proyecto revolucionario, como quedó plasmado en la Constitución dé 1917, dio sustento a un Estado fuerte y de avanzada concepción social: confiere a la nación, y por tanto al Estado, la propiedad originaria de tierras, agua y subsuelo, así como la función de arbitraje y rectoría del proceso social, a fin de asegurar el cumplimiento de los programas que justificaron ese, gran movimiento popular. .

Al amparo de dicho proyecto, el Estado amplió profusamente su actividad en los procesos de producción; sin embargo, los desequilibrios estructurales de la década de los ochenta -igual que en otros países- pusieron en evidencia que estaba terminando la época del Estado todopoderoso.

Me parece que reconocerlo implica el imperativo de una reforma del Estado, pero no la necesidad de ceñirse a una política neoliberal, porque ésta supone una vuelta al "dejar hacer y dejar pasar", una suerte de indiferencia ante las carencias de los más necesitados y, por ende, una reducción significativa del gasto social.

Todo lo contrario, la reforma mexicana del Estado reafirma las tesis del liberalismo social que animan a la Revolución Mexicana, ya que si bien prevé una reprivatización de empresas, ésta sólo " constituye una estrategia de adelgaza miento del aparato estatal para recuperar la función básica que la Constitución de 1917 le atribuye al Estado como instrumento para la realización de la justicia social.

Por otra parte, dicha reforma se asocia a trascendentes medidas de ajuste económico que tienen por objeto insertar el país en el nuevo orden económico internacional, donde los principios que imperan son la eficiencia y la productividad.

En el curso de los últimos años, México ha restructurado una abultada deuda externa y ha saneado sus finanzas públicas, convirtiendo el enorme déficit del sector público en equilibrio fiscal. Acorde con las actuales tendencias, se ha desmontado la estructura de protección que caracterizó por muchos años a la economía mexicana, sustituyéndola por un esquema de apertura y liberalización hacia el exterior.

Necesariamente, el proceso de cambio que está viviendo la sociedad mexicana incluye también una profunda transformación política que. incluye el fortalecimiento del federalismo; inéditas formas de participación individual y colectiva; y, sobre todo, la lucha solidaria contra la desigualdad.

Mediante el programa nacional de solidaridad, el Estado mexicano aplica hoy una enérgica política social orientada a resolver las necesidades de los grupos que padecen la pobreza extrema. El programa destaca no sólo por su volumen de recursos, sino sobre todo por el respeto a la iniciativa de las comunidades, su organización participativa, la corresponsabilidad en todas sus etapas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Resulta claro que los planteamientos actuales del Estado mexicano no sólo animan la privatización de actividades, sino también la solidaridad. El juzgar neoliberal la reforma por alguno de sus aspectos es tan falaz como calificar el todo por alguna de sus partes.

El próximo domingo se celebrarán en México los comicios federales para renovar la Cámara de los Diputados y la mitad de los miembros del Senado de la República. Tales comicios significan mucho para la transición de una democracia que ha avanzado considerablemente durante los últimos años. Lo sucedido en 1988 con el proceso de elección para presidente de la República y representantes al Congreso de la Unión puso en evidencia nuevas condiciones de la democracia mexicana, particularmente las relativas a la fuerza de los partidos de oposición.

La coalición de partidos de izquierda, aunque heterogénea en su composición partidaria e ideológica, logró ubicarse como la segunda fuerza electoral; mientras que el Partido de Acción Nacional, tradicionalmente asociado a una posición de derecha, mostró ser una organización más homogénea y permanente. Lo importante fue que estos partidos lograron cerca de la mitad del voto popular. El año de 1989 nos presentó un cierto decaimiento del entusiasmo electoral, pero confirmó que México vivía una intensa transición democrática. Mientras que la oposición triunfó en un par de entidades federativas, el partido en el poder recuperó importantes espacios en el mosaico político del país.

Independientemente de las explicaciones que merecen tales resultados, 1-990 denotó la voluntad de consolidar la modernización política del país. Por una parte, los; partidos políticos consideraron como tarea impostergable- lograr la participación desectores de la población que se repliegan en las esquinas del abstencionismo; por otra, las reformas constitucionales en matería electoral y la nueva legislación federal sobre instituciones y procedimientos electorales fundamentaron jurídicamente el proyecto de una democracia más confiable que incluye desde la promoción de un sistema competitivo y plural de los distintos partidos hasta la creación de un tribunal federal electoral que imparte justicia en esta materia, pasando por las reformas relativas al registro de electores y la creación del Instituto Federal Electoral

El momento actual

Finalmente, 1991 muestra que las perspectivas para el PRI, son totalmente diferentes a las que tenía en 1988. En las recientes elecciones locales de Nuevo León, uno, de los Estados fronterizos más importantes, el partido en el poder ha obtenido un ;amplio triunfo, reconocido por el conjunto de la oposición.

Este cambio de actitud en el electorado no es gratuito. Se debe, en primer lugar, a una muy exitosa acción de gobierno que sin duda beneficia al partido en el poder, así como al intenso trabajo de este último para modernizar su estructura interna y su formas de actuación; en segundo lugar, a los cambios y alentadoras expectativas económicas, completamente diferentes a las de 1988, que han permitido aumentar el gasto social. Los conflictos internos y la incapacidad de la oposición para presentar programas de acción consistentes provocarán cambios en las preferencias (le], electorado que hace tres años les votó.

A mi juicio, lo anterior no ensombrece la etapa de transición actual. Simplemente muestra que los partidos y el Gobierno luchan por adaptarse a una comunidad que reconoce en la pluralidad y en el respeto a su voluntad las únicas formas viables de la convivencia -social.

Para los mexicanos resulta cada día más claro que sin una estructura económica sólida y sin una política justa de redistribución de la riqueza social, el proyecto democrático se vuelve incierto, pierde solidez. Es por ello por lo que la vuelta al sentido original sobre la función social del Estado y la ampliación de la vida democrática son las dos caras de un mismo empeño de los mexicanos para vivir, en el concierto mundial, como una nación digna y soberana.