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PRI para rato

Jorge G. Castañeda

Muchas cosas están cambiando en México, pero las elecciones y las expectativas al respecto no están entre ellas. La única novedad que encierran los comicios del próximo domingo, que cambiarán por completo la Cámara de Diputados, la mitad del Senado y a los gobernadores en seis Estados, es que no hay nada nuevo bajo el sol en la campaña electoral.Los resultados mostrarán una recuperación real del partido gobernante (el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI), no completamente a través de prácticas democráticas, pero tampoco como resultado exclusivo de prácticas fraudulentas y autoritarias. El partido del Presidente Carlos Salinas de Gortari puede esperar que la satisfacción de las clases medias a raíz de la estabilización económica se traduzca en un apoyo trasladado a las urnas.

Los resultados también confirmarán las tendencias que surgieron en los comicios que se han celebrado desde 1988: altos niveles de abstención, en la medida en que el electorado de oposición, tanto de derecha como de izquierda, se queda en casa, todavía desencantado por el fraude masivo de 1988 y por la incapacidad de los líderes de la oposición de unir a sus seguidores en torno a una plataforma clara, accesible y viable.

El aspecto más importante de las elecciones del 18 de agosto será que los votantes ya saben lo que pueden esperar. El electorado mexicano ha visto el futuro, y éste no es un paisaje alentador. Bajo el régimen del presidente Salinas, el fraude tradicional o la alquimia, si bien no han sido enteramente eliminados, están siendo rápidamente reemplazados por lo que se conoce como ingeniería electoral.- una eficiente y moderna -más sutil y difícil de descubrir- forma de fraude generalizado se está llevando a cabo a través del padrón electoral, manipulación de las credenciales de elector, técnicas de promoción del voto y transferencias de dinero y recursos humanos del Gobierno al partido gobernante. Todos estos métodos son tan efectivos como disimulados, aunque su existencia es evidente tanto a nivel de procedimientos electorales como de resultados finales.

Un buen ejemplo ocurrió en el proceso de elaboración del censo de 1990, después del cual, en una investigación separada hecha casa por casa, los ciudadanos solicitaron su inscripción en el padrón electoral. Posteriormente cada uno recibiría una credencial de elector. En algún lugar de las tres partes del proceso desaparecieron varios millones de mexicanos. El censo reveló que el país sólo tiene 81 millones de habitantes, a diferencia de los 85 millones que las autoridades, el Banco Mundial y virtualmente todos los observadores habían estimado. La población en edad de votar resultó ser de 45 millones, de los cuales 39 millones solicitaron credenciales de elector, y 36 millones las recibieron, de acuerdo con las cifras oficiales. Así, 10 millones de mexicanos en edad de votar no podrán sufragar el domingo.

Sin embargo, existen muchas dudas respecto al número de credenciales de elector entregadas. En primer lugar, éstas fueron entregadas con retraso; la fecha original para finalizar la entrega era el 1 de julio, para que de esta manera todos los partidos políticos tuvieran el tiempo necesario para revisar el padrón y así evitar repeticiones, omisiones, rellenos, etcétera. Esto no fue posible, y las credenciales recién fueron entregadas hasta el 21 de julio, reduciendo el tiempo para revisión.

Pero además las cifras oficiales sobre la entrega de credenciales resultan sospechosas. En Monterrey, la capital del Estado de Nuevo León, donde todo el proceso se adelantó debido a que las elecciones estatales se llevaron a cabo en julio, las autoridades declararon que el 92% de las credenciales había sido entregado. Pero en una encuesta realizada por el periódico independiente El Norte, sólo el 60% de los entrevistados afirmó tener posesión de ella. Más aún, cualquier sondeo de vecinos, amigos o colegas en México sugiere que la cifra oficial del 92% peca de exagerada.

Por otra parte, la oposición, en particular el Partido de Acción Nacional (PAN), ha llamado la atención sobre diversos incidentes respecto a la utilización de fondos gubernamentales por el PRI. Esto no ha detenido al partido en el poder de transmitir más de 10 minutos cada noche en los horarios de mayor audiencia televisiva, a un coste de 2.500 millones de pesos diarios (casi un millón de dólares), más de lo que reciben los partidos de oposición en financiación pública durante todo un mes.

Por último, la experiencia de la elección del 7 de julio en la ciudad de Monterrey comprobó que la manipulación continúa desatada. Aunque muchos observadores, incluyendo el que esto escribe, concluyeron que los comicios fueron relativamente libres y limpios, los resultados confundieron a todos. Según el escrutinio final, aproximadamente 950.000 habitantes de Nuevo León votaron, durante 10 horas, 2.100 casillas -en promedio, un voto cada minuto y 15 segundos; esto no sólo es prácticarriemte imposible, sino que no tiene nada que ver con lo que presenciaron múltiples testigos-; una buena concurrencia, pero no tan abrumadora.

Como resultado de estos diversos aspectos de ingeniería electoral, hay razones suficientes como para creer que las elecciones del 18 de agosto traerán pocas scurpresas. El PRI deberá obtener el 60%-65% que dice esperar, los partidos de oposición deberán captar entre el 7% y el 20% cacla uno, y un reducido número de mexicanos votarán: entre: 12, y 15 millones. Con apenas siete u ocho millones de votos a su favor, el partido oficial posiblemente podrá recuperar los dos tercios de la mayoría constitucional en la Cámara, esto es, gobernar una nación de 80 millones de habitantes con sólo un puñado de votos.

En México, parece que tendremos régimen de partido único para rato.

Jorge G. Castañeda es profesor de Relaciones Iriternacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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