El Gobierno andaluz cesa al alto cargo detenido por la concesión de las tragaperras
El consejo de gobierno de la Junta de Andalucía, que preside el socialista Manuel Chaves, cesará en su reunión del próximo martes al delegado de Gobernación en Sevilla, Francisco Morillo, quien se encuentra en libertad bajo fianza acusado de un delito de prevaricación y falsedad en documento público por la concesión de licencias para la explotación de máquinas tragaperras. El Gobierno andaluz de personará en las diligencias abiertas sobre este asunto por el juez Angel Márquez, instructor del caso Guerra.
Un escrito oficial difundido ayer por la Junta de Andalucía anunciaba que Francisco Morillo puso el viernes su cargo a disposición del consejero de Gobernación, el socialista Ángel Martín Lagos, con el fin de "poder ejercitar con absoluta libertad todas las acciones que el ordenamiento jurídico le ofrece para la defensa de su inocencia y honorabilidad". El juez Márquez decidió la detención del delegado de Gobernación después de que éste reconociera por escrito su responsabilidad administrativa en la concesión de 367 licencias para la explotación de máquinas tragaperras a la empresa Astigi, propiedad de Alejandro Mora, empresario relacionado con Juan Guerra. Mora, quien al igual que Francisco Morillo pasó 48 horas detenido en los calabozos de la Policía, se encuentra en la actualidad en libertad bajo fianza de siete millones de pesetas.La nota oficial añade que ante la petición de Francisco Morillo, y "dada la necesidad de salvaguardar en todo momento el normal funcionamiento de las actuaciones administrativas", el consejero de Gobernación propondrá al consejo de Gobierno el relevo provisional de su delegado en la capital andaluza. Ángel Martín Lagos, que está dispuesto a comparecer ante la comisión correspondiente del Parlamento de Andalucía para explicar el asunto, pedirá también en la reunión del próximo martes que la Junta se persona en las diligencias abiertas por el juez Ángel Márquez, una vez que sea levantado el secreto del sumario. En la nota difundida ayer, el consejero insta a que, "el procedimiento judicial se resuelva con la máxima rapidez" y advierte de la "honorabilidad y correcta actuación de todos los funcionarios afectados".
El juez Ángel Márquez citará en los próximos días a declarar a ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, entre ellos el director del juego en 1987 -año en que se concedieron las licencias- Manuel Cortés. La junta de magistrados de Sevilla contestará mañana a las críticas del PSOE sobre la actuación del juez Márquez.
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