El SUP se querella contra el director de la Policía

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado la presentación de dos querellas contra el director general del cuerpo, José María Rodríguez Colorado, quien ha sancionado a los seis miembros de la ejecutiva de esta organización.Mientras, tanto el SUP como la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU) y la Unión Federal de Policía (UFP), aceptan la oferta de 3.000 millones de pesetas hecha por Interior para la subida salarial de los agentes, aunque critican que esta subida afecte sólo a unos 30.000 de los 54.000 policías.

El secretario general del SUP, Juan García Gámez, anunció ayer en una conferencia de prensa conjunta de las tres centrales la presentación de dos querellas contra José María Rodríguez Colorado como presunto autor de los delitos de prevaricación y coacción de la libertad sindical.

Rodríguez Colorado ha expedientado a toda la directiva del SUP -sindicato mayoritario en la policía- por promover una manifestación el pasado 12 de junio en Madrid en la que se produjeron incidentes. Por los sucesos de aquella jornada también han sido suspendidos de empleo y sueldo 67 agentes de radiopatrullas, acusados de interferir las comunicaciones por radio.

Los abogados de las tres organizaciones preparan la defensa conjunta de los policías sancionados por la manifestación. Según García Gámez, el director general ha cometido "muchas arbitrariedades" con las sanciones. Añadió que los sindicalistas ya están acostumbrados a estos castigos.

Los tres sindicatos están decididos a mantener la unidad de acción y han dirigido cartas al ministro del Interior, José Luis Corcuera, en las que aceptan entrar en la negociación salarial, a pesar de que el titular del departamento explicó en una reunión mantenida el pasado lunes que la oferta de Interior era inamovible.

Según informaron ayer, las tres organizaciones consideran que no se pueden oponer a la mejora económica, aunque creen que es fuertemente discriminatoria y desean acometer una negociación más amplia, encaminada a lograr un acuerdo para dos o tres años.

Interior propone repartir los 3.000 millones en forma de pluses entre 100.000 y 350.000 pesetas a los cerca de 30.000 policías destinados en grupos operativos y grandes urbes. Esta medida excluye a otros 24.000 funcionarios destinados en comisarías de ciudades con menor carestía de vida y volumen de trabajo.