El Gobierno facilitará la legalización de inmigrantes llegados hasta el 15 de mayo

Los inmigrantes ilegales podrán regularizar su situación entre el 10 de junio y el 10 de diciembre de este año, según el acuerdo adoptado ayer por el Consejo de Ministros. Para ello, deberán haber llegado antes del 15 de mayo de 1991 y tendrán que acreditar la posesión de un contrato o de una oferta laboral firme. De esta manera, el Gobierno trata de poner fin a una situación abierta en 1985, con la promulgación de la ley de extranjería y que culminará con la unificación de fronteras comunitarias prevista para 1993. El Ejecutivo dio ayer también luz verde a la polémica ley de Seguridad Ciudadana.

Los criterios que ha empleado el Ejecutivo en la formulación de este acuerdo, que parte de una proposición parlamentaria, son la antigüedad de residencia en España y la solidez de la situación laboral.Las intenciones aperturistas del Ejecutivo, que trata de compensar los exiguos resultados del anterior periodo de regularización, abierto en 1985, se reflejan en el propósito de facilitar la legalización "de la gran mayoría de los trabajadores ilegales extranjeros". Una vez terminado el proceso, el Gobierno pretende ejercer un mayor control sobre la inmigración ilegal, para lo que intensificará las expulsiones.

Las solicitudes se recogerán en las direcciones provinciales de Trabajo, que las remitirán a una oficina central integrada por funcionarios de los ministerio de Trabajo y de Interior. Una comisión especial, formada por representantes de Interior, Trabajo, Asuntos Exteriores y Asuntos Sociales, y presidida por el director general de Política Interior, Fernando Puig de la Bellacasa, estudiará los expedientes.

El principal escollo de todo el proceso es la acreditación de un contrato de trabajo, dada la condición de ilegalidad de los afectados. El Gobierno pretende solventar este problema flexibilizando al máximo los requisitos. Si no hay prueba documental, bastará un compromiso firme de oferta de empleo por parte del empresario. En el caso de que no exista esta oferta, el trabajador deberá acreditar, por todos los medios posibles, que ha trabajado al menos nueve meses en los últimos dos años.

"Se trata de poner la pelota en el tejado de la sociedad", afirmó ayer a este periódico el director general de Política Interior. "Siempre se ha culpado a la Administración de ser inflexible. Ahora los ciudadanos pueden demostrar su capacidad de acogida".

Puig de la Bellacasa mostró su preocupación por las posibles falsificaciones de documentos o de acreditaciones. "Vamos a extremar las medidas de vigilancia. El extranjero que presente documentos falsos será expulsado y a los españoles que hayan colaborado se les aplicará el Código Penal".

El Gobierno ha preparado una amplia campaña de publicidad que, con el lema "Sal a la luz. Ponte en regla", se destinará tanto a los inmigrantes como a los españoles con empleados extranjeros.

Seguridad ciudadana

El Consejo aprobó ayer también el polémico proyecto de ley de Protección de las Libertades Públicas y de Seguridad Ciudadana, que fue presentado para su estudio en el pleno del Gabinete en diciembre del pasado año y cuya aprobación ha sufrido numerosos retrasos debido a que algunos aspectos de su articulado podían entrar en colisión con derechos ciudadanos reconocidos en la Constitución.

Los ministros debatieron "hasta el último minuto", según una fuente oficial, los aspectos más conflictivos, manejando diversas alternativas a varios artículos e incorporando algunos matices que suavizan el texto original. Finalmente, se decidió optar por mantener los instrumentos que permitan realizar con eficacia la lucha contra el pequeño traficante de drogas, y al mismo tiempo el respeto escrupuloso a los derechos de los ciudadanos, informa

El texto del proyecto de ley será remitido el próximo lunes al Congresos. Según informó la ministra portavoz, Rosa Conde, el ministro del Interior, José Luis Corcuera, realizará entonces la presentación oficial del proyecto.