El PSOE cree imprescindible acabar con el actual rechazo social al Ejército

El documento sobre Fuerzas Armadas y Servicio Militar, que ayer distribuyó el PSOE a los demás grupos parlamentarios, subraya que "es absolutamente imprescindible derribar la barrera ambiental derivada del rechazo o el escaso aprecio que hoy existe en España por la existencia y misiones de los ejércitos". El texto será debatido antes de fin de mes por el pleno del Congreso, de forma que el Gobierna pueda aprobar durante el verano la nueva ley del Servicio Militar.

El dictamen del Grupo Socialista apuesta por un modelo mixto de Ejército, integrado por soldados voluntarios o profesionales y por reclutas forzosos. El servicio militar obligatorio, en opinión de sus redactores, es el más conveniente, "por la práctica universalidad de su aplicación en nuestro entorno; porque corresponsabiliza a los ciudadanos con los problemas y exigencias de la seguridad y defensa nacional; supone un factor de igualación social; implica un menor gasto en defensa y se adecúa mejor a las previsiones demográficas futuras".Este punto es el más polémico, ya que Izquierda Unida, Convèrgencia i Unió, el PNV y el CDS se han decantado por un Ejército profesional. Sólo IU adelantó ayer su intención de presentar una enmienda a la totalidad del documento, mientras que los demás grupos se mostraron partidarios, en principio, de formular enmiendas parciales.

El escrito del PSOE señala que la duración del servicio militar será de "nueve meses como mínimo", pero no explica si la reducción se hará de una sola vez o de forma progresiva. En todo caso, las condiciones de cumplimiento la mili deberán mejorar sustancialmente para hacerla "más útil" a los afectados. Entre las fórmulas propuestas para mejorarla figuran la inclusión de "cierto abanico de opciones personales" en la asignación de destinos o la adopción de medidas para compensar a las familias por el coste económico del servicio en filas.

La última parte del texto, dedicada a la objeción de conciencia, contiene una dura crítica a los insumisos, que se niegan a cumplir tanto la mili como la prestación sustitutoria, cuya conducta califica de "delictiva e insolidaria". El documento aboga, como adelantó ayer EL PAÍS, porque los insumisos sean juzgados por tribunales civiles, los gastos militares se eleven al 2% del Producto Interior Bruto, la reserva se reduzca a cinco años como máximo y las mujeres presten servicios a las Fuerzas Armadas en caso de movilización.