Incumplimientos y especulación

Al calor del periodo electoral se ha abierto, por fin, un debate sobre vivienda. Si esto sirve para que se pongan en marcha políticas serias orientadas a la resolución de un problema de gran envergadura social, habrá sin duda que felicitarse; aunque todavía es difícil comprender por qué esto no se planteó antes. Es lo que se preguntan sobre todo los que tuvieron que pagar por sus pisos precios e intereses altísimos, o simplemente no pudieron acceder a ellos. La demanda de soluciones en materia de vivienda figura desde hace casi dos años en la Propuesta Sindical prioritaria, y desde bastante antes, en documentos y resoluciones de UGT. En su día se decidió que fuera abordado este tema en la llamada segunda fase de la concertación, pero, a pesar de los continuos requerimientos sindicales, no se consiguió que el Gobierno abriera una mesa para tratarlo.

Interpretación simplista

De cualquier forma, bienvenidas sean las medidas sobre la vivienda, sobre todo si no se pierden en vericuetos pos-electorales y sirven de aprendizaje para el futuro, evitando errores del pasado. En este sentido, hay algunas cuestiones que, a nuestro juicio, conviene introducir en este debate.Así, por ejemplo, circula una explicación extremadamente simple del proceso de encarecimiento de la vivienda. Tal interpretación sostiene que el crecimiento económico provocó un incremento extraordinario de la demanda de viviendas, y éste, a su vez, una subida muy rápida de precios que generó una espiral especulativa típica.

Al margen de las peculiaridades de este proceso especulativo, la explicación, de manual teórico, tiene la virtud de no identificar responsabilidades: el fenómeno fue autónomo. Parece que hubiera sido todo consecuencia de una desgracia natural. Si tal encadenamiento funcionó de esa manera en el momento inicial de la espiral especulativa, no será menos que ésta, como cualquiera otra, se produjo porque se daban las circunstancias adecuadas.

En efecto, la política que sobre la vivienda se había venido aplicando (y que ha seguido hasta hoy) establecía condiciones de oferta y de demanda favorables a la especulación y al encarecimiento que se produjo.

Desde el lado de la oferta, como han señalado extensamente, en su apartado sobre la vivienda, los informes del Instituto Sindical de Estudios ISE de 1988, 1989 y 1990 sobre la evolución social en España, el incumplimiento sistemático de los planes y promesas de construcción de viviendas públicas y protegidas, incumplimiento que sistemáticamente se repetía pese a que cada año se rebajaba el programa de construcción de este tipo de viviendas, llevó a la conclusión de que para resolverlo no había mejor cosa que abandonar la planificación. Para ello se promovió la correspondiente reforma legislativa, que consistió en cambiar el sistema anterior de fijar objetivos mínimos de construcción de viviendas por año a fijar objetivos máximos, además, a la baja, y a endurecer las condiciones de acceso a la vivienda para los potenciales beneficiarios. Al déficit acumulado de viviendas se fueron añadiendo nuevos volúmenes, al tiempo que se potenciaba la progresiva participación de la vivienda libre en el sector, que, obviamente, elegía aquellos tramos de la demanda capaces de efectuar desembolsos más importantes y ofrecer rentabilidades mayores. Este proceso de liberalización acelerada del sector está en el origen del proceso de especulación.

Palanca para la inversión

Desde la demanda, es decir, desde la óptica en la que la política de vivienda se abordaba como una palanca para la inversión en lugar de como una respuesta a una demanda social básica, la óptica liberal con la que se trataba de reactivar el sector requería privilegiar los mecanismos que potenciaran la inversión. Mayores desgravaciones fiscales cuanto mayor fuera la inversión, instrumentos financieros de alta rentabilidad, permanencia de la opacidad fiscal, facilidades a la inversión extranjera, la liberalización de alquileres, la eliminación de las trabas para convertir viviendas en oficinas eran todos ellos instrumentos adecuados a este propósito, y conformaron la política que se ha practicado en estos últimos años.Por ello, la campaña actual del Gobierno sobre las viviendas roza la divinidad. Primero, merced a la política que hemos señalado, se deterioró el acceso a la vivienda hasta límites incomparables. Luego, son los mismos quienes, sin ningún tipo de autocrítica, cogen la bandera de su solución, o al menos de su parcheo, convirtiéndose en opositores de su propia política. Y lo que es más llamativo, siempre, antes y ahora, practicando la única política correcta. Sin duda, hace falta una gracia especial para hacerlo así.

Pero no sólo interesa señalar el carácter liberalizador de las políticas aplicadas y su incidencia directa en el movimiento especulativo posterior, sino también preguntarnos quiénes han sido los beneficiarlos del encarecimiento de precios de las viviendas, quiénes los pagadores del proceso y a través de qué mecanismos.

Una política que favorece y sostiene durante años el encarecimiento rápido de precios de un bien esencial para el ciudadano provoca:

- A corto plazo, pérdidas en el nivel de vida de amplias capas (especialmente medias y bajas) de la población y una transferencia de rentas de éstas hacia los especuladores.

- A medio plazo, unas mayores demandas en materia de rentas. En este país se olvida con frecuencia que los salarios suelen ir a remolque de los precios. Así, por ejemplo, cuando algunos sectores critican las demandas salariales (que son, por otra parte, de las más moderadas de la Europa comunitaria en términos reales) olvidan lo que han subido los precios de algunos bienes como la vivienda.

En este caso, en la medida en que esas subidas salariales sean transmitidas a los precios finales por las empresas supone una nueva transferencia de rentas de los consumidores a los agentes de la especulación. Donde no sean transmitidas a los precios, o no lo sean totalmente, generarán una transferencia de las empresas a los beneficiarios de la especulación.

- A largo plazo, si se produce una corrección en las políticas y se dedica mayor gasto público para atender la demanda insatisfecha, se realizará una transferencia más de rentas desde el Estado (y sus recursos provienen mayoritariamente de los trabajadores) al sector inmobiliario y financiero en la medida en que los precios de mercado se han incrementado en general. Esto es lo que sucede en concreto con el plan del Gobierno que ayuda a financiar pisos escandalosamente caros.

Por otra parte, ese plan es tardío porque llega cuando la situación en insostenible. Pero es también parcial e insuficiente porque no contempla acciones públicas directas que se precisan en materia de alquiler, ni medidas sobre el conjunto de elementos que concurren en la vivienda. Además, el núcleo del plan es la concesión de créditos subsidiados sin contrapartida de oferta pública adicional de viviendas, por lo que podría decirse que es más un plan de créditos que de viviendas. Con el agravante de haber elegido el mecanismo de la subvención de intereses, que es menos distributivo que la subvención directa en función de la renta de los beneficiarios, pero que, eso sí, permite reducir el gasto hasta mínimos según vayan descendiendo los tipos de interés por exigencias internas y externas en nuestro país. Finalmente, el plan se va a convertir en una transferencia de recursos hacia las entidades financieras y los constructores a cambio de viviendas caras y sin garantías de condiciones. La insistencia del ministro de Economía en que el problema de la vivienda es sólo de suelo señala con claridad su visión liberal de la solución: suelo público y créditos subvencionados, y el mercado irá dando las viviendas a los que tengan más ingresos para pagarlas.

En definitiva, la lección de lo ocurrido con la vivienda es muy clara. Si el Estado reduce el gasto en cuanto a un bien esencial como la vivienda, o si pone en marcha políticas liberalizadoras que favorezcan o permitan el encarecimiento del mismo, se producirá una pérdida en los niveles de vida de amplias capas de la población. Ésta, y los sindicatos respondiendo a su función esencial, reclamarán mayores niveles de renta que compensen esa pérdida, lo que sustituirá el menor gasto del Estado o el encarecimiento por mayor gasto de las empresas o de los consumidores en general. El resultado será un aumento en el nivel global de los precios, y de los beneficiarios serán aquellos capacitados para fijar precios y para retener especulativamente los bienes o servicios.

Servicios públicos

Por tanto, no hay neutralidad o indiferencia en todo proceso de liberalización que lleve aparejada una subida de precios. El ejemplo de la vivienda vale también para servicios públicos y sociales. Así, llevar la misma lógica liberalizadora a la sanidad, como parece pretenderse, tendría consecuencias desastrosas.Por otra parte, cuando con tanta ligereza se habla del carácter excesivo de las subidas salariales hay que poner en relación esta acusación con las pérdidas en el nivel de vida que previamente han ocasionado o permitido determinadas políticas. Parece obvio que aun después de estas moderadas mejoras salariales la pérdida no se ha compensado ni de lejos, y la capacidad de la mayoría de la población para adquirir una vivienda no sólo no se ha restablecido, sino que ha empeorado cada año. Los resultados últimos de tal proceso especulativo han sido una pérdida de competitividad exterior del conjunto de la economía (equivalente a las ventajas que han obtenido los especuladores) a través del incremento no sólo de los precios de las viviendas, sino del conjunto de precios internos y de las transferencias de rentas de las empresas productivas a los especuladores. De igual manera se produce una pérdida en los niveles de equivalente a las transferencias de rentas presentes y futuras de las familias a los avispados operadores del mercado inmobiliario. Todo ello, al amparo del famoso decreto-Boyer sobre alquileres, gracias a las desgravaciones fiscales practicadas indiscriminadamente a la vivienda en este periodo, al abandono de la vivienda de promoción pública y a la dejación de la obligación de constituir patrimonio público de suelo.

Lo que parecería demandar un análisis más pormenorizado de la política de vivienda practicada hasta ahora antes de ir sacando cada opción política sus respectivos conejos de la chistera, y, sobre todo, un enfoque más global y multisectorial del problema, que, en nuestra opinión, requerirá el marco de una ley de viviendas.