Interior lleva al Consejo de Ministros una ley de Seguridad que Justicia considera inconstitucional

Los ministros del Interior y de Justicia, José Luis Corcuera y Tomás de la Quadra, respectivamente, mantienen sus discrepancias sobre los artículos más polémicos de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que obligará a Felipe González a tomar partido en el debate que hoy inicia el Consejo de Ministros. Justicia estima que es una ley para resolver problemas policiales y que su redacción, muy general y susceptible de interpretación, no respeta algunos derechos fundamentales.

Tomás de la Quadra propondrá que la redacción sea mucho más precisa y especifica en varios artículos para evitar que sean los policías los que tengan que interpretarlos. También se considera de dudosa legalidad la obligación de tener que llevar el carné de identidad.Respecto al tiempo máximo de detención de personas que se nieguen a identificarse -fijado en cuatro horas en el último texto- en Justicia se indica que Interior está dispuesto a "matizar" el correspondiente artículo. Justicia se muestra inflexible en la necesidad de concretar los supuestos en los que la policía puede entrar en domicilios particulares sin autorización judicial previa.

Finalmente, Justicia afirma que en la ley se describen infracciones castigadas administrativamente, cuando las idas mismas ya están recogidas en el Código Penal como delitos o faltas, lo que supone una reiteración.

El ministro del Interior, por su parte, ha mostrado recientemente su confianza en que el proyecto de ley que el Gobierno envíe a las Cortes sea sustancialmente el mismo que presente él al Consejo de Ministros.

Corcuera, optimista

El optimismo de Corcuera está motivado en su impresión de que el PSOE asume como oferta electoral casi todas las propuestas recogidas en el borrador del proyecto de ley, y las ha plasmado en un documento, elaborado por el Comité Electoral Federal, titulado Drogas y Seguridad Ciudadana.Fuentes de ambos ministerios han apuntado que las discrepancias sobre los puntos fundamentales se mantienen y que será el Consejo de Ministros el que tome la decisión. Corcuera ha restado importancia a estas discrepancias y ha señalado al respecto: "Se han dicho muchas cosas, algunas que tienen poco que ver con la realidad, y yo soy poco propenso a discutir sobre interpretaciones cuando el argumento es un borrador".

El ministro del Interior afirmó que entiende que el objetivo de Justicia y su departamento, así como el del Gobierno, es común. "No es que haya habido dificultades", explicó, "simplemente ha habido que valorar debidamente cuáles son los mejores instrumentos puestos al servicio de ese gran objetivo, que es una mayor seguridad ciudadana".

Respecto a si en las "últimas jornadas se habían aproximado las posturas entre Interior y Justicia, José Luis Corcuera afirmó: "Se trata de hacer más eficaz la lucha contra esos delitos y, cuando hay una discusión de esa naturaleza, siempre aparecerán puntos de vista, matices, que no creo que retarden una decisión".

El Consejo General del Poder Judicial criticó duramente el pasado mes de diciembre varios aspectos de la ley, como el de la entrada en domicilios particulares sin previa autorización judicial.

El Consejo del Poder Judicial instó a que se incluyera que la entrada sólo se produciría en casos de "grave peligro de catástrofe, calamidad, desgracia, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad". Interior añadió entonces la coletilla de que la entrada fuera "por causa legítima explicitada en las leyes". Otra de las más duras críticas fue a la detención por seis horas para identificación. Corcuera ya rebajó el plazo a un máximo de cuatro horas y parece que el plazo podría ser reducido.

José María Aznar, presidente del PP, declaró anoche en Las Palmas que este proyecto de ley "vulnera la Constitución", informa Francisco Mercado. Aznar agregó: "Si Corcuera quiere crear un estado policiaco, que se vaya a otro país". "Ha costado mucho traer la libertad a Espana para que se intente crear un Estado policiaco", sentenció.