Torres pide que se refuerce el papel de los fiscales para agilizar la justicia
Leopoldo Torres, fiscal general del Estado, apostó ayer por "decisiones audaces y realmente transformadoras" que den al fiscal un nuevo protagonismo en el proceso penal que acabe con "la lentitud y la burocratización de la justicia". Torres clausuró el sexto congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en Palma de Mallorca.
El nuevo presidente de la UPF, Ladislao Roig, pidió a Torres una vía abierta de comunicación y de críticas con el Fiscal general.Torres sugirió una reforma del proceso penal, que "es tanto como hablar de la reforma del papel del fiscal en ese nuevo proceso", y se remitió a la Constitución y al Derecho comparado, pero no anticipó qué funciones de las actualmente atribuidas a los jueces asumirá el fiscal en el futuro proceso. Sí trazó, en cambio, el objetivo final -"satisfacer el derecho de los ciudadanos a un juicio justo sin dilaciones indebidas"- y manifestó que "el proceso y el propio fiscal son instrumentales a los efectos de alcanzar el valor justicia"
Torres pidió a la UPF el estímulo mediante la exigencia, la crítica o el respaldo, y en este sentido estimó "una aportación relevante" las conclusiones del congreso. Precisamente, las relativas a la imparcialidad del fiscal, cuestión central del congreso, enfatizan sobre que no se modifique la situación estatutaria, por temor a que las reformas "no vayan encaminadas a fortalecer la función de defensa del interés social, sino a incrementar la dependencia del Ejecutivo, atenuando su imparcialidad".
La UPF reivindica también la responsabilidad y "el pleno ejerciclo por el fiscal de sus funciones de control y vigilancia de la actuación de las administraciones públicas, que debe ejercer con plena independencia respecto a éstas" y denuncia "una minusvaloración de tales funciones por parte de los mismos poderes públicos que tienen obligación de realizar las dotaciones económicas necesarias para hacer efectivas estas competencias".
Detenciones policiales
Otra de las conclusiones, propuesta por Jesús Vicente Chamorro, fue la denuncia de una pluralidad de centros de detención policial, sobre todo en las grandes ciudades, y la petición de que "se cree un centro único de detención bajo el directo control judicial y fiscal, ya que favorecería la labor de control de estas detenciones".
Carlos Jiménez Villarejo aportó el dato de que en 1990 en Barcelona se produjeron de 30.000 a 40.000 detenciones sin control judicial. La UPF aprobó recordar la función de la policía de comunicar a la autoridad judicial toda detención.
El congreso acordó también solicitar la inmediata admisión de la. objeción de conciencia sobrevenida y la equiparación del tiempo de prestación social sustitutoria con el de permanencia en filas. Asimismo, se estima desproporcionada la reacción penal contra los objetores y se pide el sometimiento de los insumisos a la jurisdicción ordinaria.
