Fiscales progresistas piden que el delito ecológico se pene con la inhabilitación

El sexto congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -que se clausura hoy en Palma- denunció ayer la abrumadora pasividad e ineficacia sancionadora de la Administración" en materia e ecología y, ante la inexistencia de una legislación adecuada, propuso incorporar al Código Penal una serie de delitos contra el medio ambiente en los que a las penas de cárcel y multa se añada la inhabilitación especial para ejercer actividades industriales.Frente al actual artículo 347 bis del Código Penal, que sólo contempla como delito ecológico la contaminación y polución a pesar de la exigencia constitucional de protección del entorno natural, la UPF propone una regulación más detallada que incluya la caza, pesca, captura o muerte de especies protegidas y el contrabando de las mismas o el corte, tala, arranque quema o tráfico ilegal de la flora protegida. Entre las medidas que la autoridad judicial podrá adoptar figura la obligación de que se repare el daño causado y, en caso contrario, la clausura temporal o definitiva del centro o establecimiento contaminante o causante del daño.

Otras novedades de la regulación propuesta por la Fiscalía de Barcelona son que en las emanaciones o vertidos de sustancias líquidas, sólidas o gaseosas al medio ambiente, además de las penas de seis años de cárcel -ampliables a 12 años en casos de industrias clandestinas, desobediencia a la Administración o riesgo de deterioro irreversible- y hasta 100 millones de pesetas de multa, el delito llevará aparejada la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades industriales. Asimismo, se propone hasta seis años de cárcel y 100 millones de pesetas de multa para la producción, uso, exportación y comercialización de pesticidas, herbicidas y plaguicidas que afecten a la salud, vida animal o vegetal o medio ambiente en general.

El congreso de la UPF acordó también proponer la creación de fiscales especializados en materia medioambiental en cada una de las fiscalías provinciales y de los tribunales superiores de Justicia.