Los fiscales progresistas rechazan el papel de servidores del Ejecutivo
María Ángeles García, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), rechaza el papel del fiscal como "servidor del Gobierno de turno" y pide la democratización del ministerio fiscal y la responsabilidad política del Gobierno por su mal funcionamiento. Así figura en un documento del Sexto Congreso de la UPF, que reúne en Palma a más de 50 fiscales, bajo el lema Asegurar nuestra imparcialidad.
El documento de la presidenta de la UPF se opone tanto a la independencia del fiscal como al sometimiento al Gobierno, por entender que la Constitución impide ambas soluciones. En cambio, manifiesta su preocupación ante los indicios de "una voluntad política proclive a la involución" para acentuar la dependencia del Ejecutivo.García reconoce que el Gobierno tiene derecho a solicitar que el fiscal defienda el interés público tutelado por la ley, frente a unos jueces que "pueden, con sus sentencias, congelar los aspectos más avanzados de su aplicación o potenciar los más conservadores".
Frente a los riesgos de arbitrariedad y de instrumentalización del ministerio fiscal, García propugna la "participación democrática de los fiscales en la elaboración de criterios" y los controles para que no sean nombrados fiscales complacientes para asuntos delicados, así como la exigencia de que las órdenes de los jefes sean razonadas y por escrito.
La presidenta de la UPF se opone a la total autonomía del ministerio fiscal a través de un órgano corporativo como es el Consejo Fiscal y pide que, a falta de responsabilidad del fiscal general del Estado, debe ser el Gobierno el que responda ante el Parlamento no sólo por actuaciones "parciales" sino también por la pasividad e ineficacia de los fiscales, ya que es al Gobierno al que corresponde impulsar su actuación y dotarle de medios y organización idónea.
Los fiscales de la UPF de Baleares, en una ponencia más dura, critican la ambigüedad actual del ministerio fiscal, que permite observar que está a las órdenes del Gobierno en asuntos como el caso Amedo o el caso Juan Guerra, mientras el Ejecutivo considera en otras ocasiones que es una institución que "se le va de las manos".
La UPF de Baleares protesta contra "las razones de Estado típicas de los estados sin razón", dice, "para utilizar al fiscal".
