UGT gana a Comisiones por 10.000 delegados y mantiene la misma ventaja que en 1986

La UGT ha obtenido en las pasadas elecciones sindicales 69.792 delegados, y, Comisiones Obreras, 59.334, según los datos provisionales facilitados ayer por el ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval. Esa ventaja de 10.000 delegados es la misma obtenida por la central ugetista en los comicios de 1986. La presentación del avance de resultados provocó una reunión urgente del secretariado de CC OO, y tras ella los dirigentes del sindicato criticaron que el ministro no haya dado cifras sobre el fraude y acusan a Martínez Noval de "haberse plegado a las presiones de UGT".

Cuando han transcurrido prácticamente cinco meses desde el fin de las elecciones sindicales, las comisiones provinciales han calificado el 70,67% de las actas registradas. Están por debajo de ese porcentaje las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña y Canarias; Madrid lleva "un importante retraso", aunque el ministro de Trabajo no quiso dar más precisiones. El total de delegados ya computados son 165.127, de los cuales 69.792 pertenecen a UGT (el 42,24%), 59.334 a CC OO (el 35,91%), 4.908 a USO (2,97%), 1.711 a CSI-CSIF (1,04%) y 451 a CGT (0,27%). Los 29.021 delegados restantes pertenecen a otros sindicatos -entre ellos ELA-STV y la intersindical gallega- pero el reparto tampoco fue facilitado ayer. Esas cifras no incluyen los representantes elegidos en la función pública que directamente se computarán en la Comisión Nacional de Elecciones Sindicales (CNES) sin pasar por las comisiones provinciales.Los responsables de Trabajo no tienen ninguna previsión sobre la fecha. en la que puede estar finalizado el cómputo y sí esperan que la, proclamación se haga en una fecha similar a la de las elecciones de 1986 -tuvo lugar el 5 de junio de 1987-.

El titular de Trabajo justificó el proporcionar estrictamente un avance de datos globales remitiéndose al artículo 13-7 de la ley que regula las elecciones sindicales, que faculta a su Ministerio a dar cifras provisionales cuando se haya calificado un porcentaje significativo de actas. Martínez Noval aseguró ayer en una conferencia de Prensa que no tiene datos sobre las actas enviadas a la Inspección de Trabajo o a los Juzgados de lo Social por contener irregularidades y en ningún caso considera fraude lo que él denomina "problemas detectados en las comisiones provinciales". Asimismo declaró que no tiene elementos para afirmar que las pasadas elecciones no han sido limpias.

El ministro de Trabajo aseguró que el facilitar el avance de datos "no responde a ningún compromiso adquirido con UGT", pese a que fue un dirigente ugetista el que había anunciado hace varias semanas que cuando se llegase a computar el 70% de las actas se darían datos oficiales.

Reunión urgente de CC OO

El secretariado de Comisiones convocó una reunión urgente cuando tuvo conocimiento de la rueda de prensa del ministro y el máximo responsable de organización del sindicato, José Manuel de la Parra, declaró a EL PAÍS que esperaban que "el ministro iba a ser más prudente. Se ha plegado a presiones de diversa índole", de las que sólo quiso concretar "el compromiso adquirido entre Trabajo y UGT".

Comisiones entiende que un avance de datos al 70% no tiene ningún sentido ni resuelve nada porque la negociación colectiva y la representación institucional de los sindicatos no están en tela de juicio. De la Parra cree que "el ministro quiere echar una especie de manto protector sobre el fraude" y confirma sus sospechas el que no se haya failitado ni un dato sobre irregularidades, como tampoco sobre las zonas donde CC OO va ganando u obtiene muy buenos resultados, como Madrid, Valencia, Barcelona, Andalucía y Canarias.

El dirigente de CC OO cree que se ha sumado más confusión a la ya existente y, en cambio, Martínez Noval ha desoído las reiteradas reclamaciones de Comisiones y de la Unión Sindical Obrera (USO) para que se convoque a la Comisión Nacional de Elecciones y allí clarificar criterios para impulsar y agilizar el cómputo en las comisiones donde hay problemas.

Por otra parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social anunció ayer que el Gobierno tiene la intención de que se apruebe una ley de huelga en esta legislatura y hará todos los esfuerzos posibles para pactarla con los interlocutores sociales.

Ley de huelga este año

Su criterio es que necesariamente no debe consistir en una ley específica. Se trata, precisó, de "una regulación distinta a la actual, que existe, pese a la confusión de algunos sectores".

El Gobierno está abierto a tres opciones: el desarrollo del artículo 28.2 de la Constitución que contempla una ley específica; una ley de servicios esenciales parecida al modelo italiano que contiene un catálogo de sectores y empresas afectados por los servicios mínimos; o la autorregulación de la huelga a través de los convenios, que deben incluir necesariamente acuerdos para los conflictos laborales.