El PP recurre al Constitucional el privilegio de los parlamentarios de declarar por escrito ante el juez

El Grupo Parlamentario Popular presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la decisión del presidente del Congreso, Félix Pons, de considerar válida la votación del 25 de abril que modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La ley permitirá a los parlamentarios declarar por escrito en procedimientos judiciales. El PP considera que esa votación conlleva "vicio grave de procedimiento", ya que dos diputados del PP dicen que votaron en contra y en el marcador figuró un voto a favor y una abstención. Un diputado socialista que estaba en Libia también votó.

En esta discusión no ha salido la cuestión de fondo, como es la prerrogativa de los parlamentarios de declarar por escrito, sino que toda la discusión ha girado sobre asuntos de forma. El representante del grupo popular en la Mesa del Congreso en calidad de vicepresidente segundo, Federico Trillo, fue el promotor de un escrito dirigido a la presidencia pidiendo que se anulara la votación del pasado 25 de abril.Este asunto fue tratado ayer en la Mesa del Congreso en la que su presidente, Félix Pons, defendió la validez de la votación, lo que contó con el apoyo de los representantes socialistas en la Mesa -Joan Marcet, Juan Muñoz y María Dolores Pelayo-, asicomo del vicepresidente cuarto y diputado de Convergència i Unió, Josep Maria Trías de Bes.

El representante de Izquierda Unida, José Luis Núñez, propuso repetir la votación en el pleno. Una postura a mitad de camino entre la petición del PP -anular la votación y que la ley volviera a comisión y empezara de nuevo el trámite- y el dictamen de Félix Pons, consistente en dejar las cosas como estaban. La propuesta fue rechazado.

El fondo de la cuestión

Aunque ayer nadie habló del fondo de la cuestión, las posiciones políticas respecto a ampliar el privilegio de declarar por escrito y no en persona a los parlamentarios fue la siguiente: PSOE, Convergència i Unió y CDS, votaron a favor, mientras que el Partido Popular, Izquierda Unida y parte del Grupo Mixto se manifestaron en contra. Como particularidad hay que citar la actitud de Convergèncla i Unió, que a través de su portavoz, Miquel Roca votó a favor, aunque posteriormente envió un fax a la Mesa del Congreso diciendo que los parlamentarios de este grupo renunciaban a ese derecho. Esta renuncia también fue expresada verbalmente por el Partido Popular y por Izquierda Unida.

Pese a la actitud favorable del CDS a mantener el privilegi,-,) de la declaración por escrito de, los parlamentarios, el alcalde de Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún, señaló ayer su discrepancia: "Esta decisión representa, sin ninguna duda, un alejamieto de los políticos de la sociedad. Son privilegios que el ciudadano normal no puede entender y no contribuyen, desde luego, el establecimiento de tales privilegios al prestigio de las instituciones". Rodríguez Sahagún pide, finalmente, que se reconsidere "lo que se ha hecho".

Como la discusión de este asunto se vio en la Mesa del Congreso, y no fue tratada -porque nadie lo abordó- en la Junta de Portavoces, los argumentos y contraargumentos no se salieron del cauce reglamentario, como se desprende de la explicación dada posteriormente por Federleo Trillo: "La Ley de Enjuiciamiento Criminal nace herida de muerte porque se ha jugado con argumentos no admisibles y con el prestigio de la Cámara, y porque va rodeada por esa votación de vicio grave de procedirmento". En este contexto Trillo añadió que su grupo "estudiará introducir en el recurso razones de fondo, por la ampliación de privilegios a los diputados". [El portavoz del Grupo Popular, Rodrigo Rato, acusó al PSOE y a Félix Pons de "haber impuesto" la reforma de la Ley de Enjuiciamiento ciminal para beneficiar a Alfonso Guerra ante su posible citación a juicio por el caso Juan Guerra, informa Europa Press].

Los representantes socialistas de la Mesa se apresuraron a resaltar esa mezcolanza entre cuestiones de forma y de fondo, poniendo en duda que el Tribunal Constitucional las admitiera. El diputado Carlos Navarrate acusó al PP de "sembrar el desprestigio de la institución parlamentaria".

El presidente del Congreso, Félix Pons, en respuesta a la. queja del Partido Popular, señala en un escrito: "No se ha acreditado en la votación ninguna irregularidad que cuestione su validez (...) el número de votos emitidos en la sesión no excedió del número de diputados presentes, lo que excluye cualquier anomalía, suplantación o duplicidad de votos".

Pons añade: "El resultado reflejado por el marcador electrónico debe reputarse como fiel reflejo de los votos emitidos, al haberse comprobado, en revisión inmediatamente subsiguiente a la votación, que no se había producido fallo o anomalía en el mecanismo de votación. A la eventual existencia de una discordancia entre el sentido del voto realmente emitido y el presuntamente querido no puede atribuirse efecto jurídico alguno, por razones obvias de seguridad jurídica ligadas al principio de irrevocabilidad del voto y por razón del principio de igualdad".