El fiscal acusa a Juan Guerra de desacato y de inducir a la prevaricación

El fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores, ha imputado a Juan Guerra dos nuevos delitos, uno de inducción a la prevaricación -por el envío de enfermos de la sanidad pública a la empresa privada Litomed-, y otro de desacato por amenazar a un funcionario público. Flores envió un escrito al juez Márquez en el que pide que Juan Guerra declare también por estos dos delitos durante su comparecencia, prevista para la mañana de hoy, en la que deberá responder sobre las acusaciones de defraudar a la Hacienda Pública y sobre su relación con Litomed.El Código Penal considera en su artículo 358 que el inductor necesario a la prevaricación será considerado como autor de ese delito y castigado con la inhabilitación especial cuando se trate de un funcionario público. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico han indicado que aunque es posible mantener esta imputación contra Juan Guerra, hay opiniones discrepantes, que estiman que ese delito está reservado a los funcionarios públicos.

Mientras, el delito de amenazas a un funcionario público está tipificado como desacato en el artículo 245 del Código Penal, que dice: "Se impondrán penas de arresto mayor [de un mes y un día a seis meses] a los que injuriasen, insultasen o amenazasen de hecho o de palabra a los funcionarios públicos".

Esta acusación está basada en la denuncia del ex gerente del Servicio Andaluz de Salud, Agustín Ortega Limón, al juez Márquez, en la que acusó a Juan Guerra de amenazarle, en octubre de 1987, con hablar con su hermano Alfonso para revisar su continuidad al frente del organismo público, si no suspendía dos expedientes abiertos contra trabajadores del SAS.