Agentes judiciales supervisan por primera vez una batida antidroga

Madrid - 25 abr 1991 - 00:00CEST

Centenares de agentes del Cuerpo Nacional de Policía de las 19 comisarías de Madrid efectuaron ayer una vasta operación contra traficantes de droga en la que, por primera vez, los registros domiciliarios fueron supervisados directamente por oficiales judiciales comisionados por el juzgado de guardia.Ésta es la primera vez en Madrid que oficiales del juzgado acompanan a miembros de la policía a la hora de realizar registros en viviendas particulares, a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige la presencia del secretario del juzgado o la de un oficial con delegación de éste en los registros domiciliarios. Sin embargo, esta exigencia legal, cuya finalidad es preservar los derechos de los ciudadanos, rara vez se había cumplimentado en batidas policiales similares a la de ayer. En alguna ocasión los acusados de tráfico de drogas han alegado esta carencia para salir en libertad.

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La ausencia de secretario ha sido utilizada por traficantes como 'trampa' legal

Sólo en aquellas intervenciones en las que participaron los secretarios del juzgado de guardia y oficiales de juzgado se detuvo a una veintena de personas pertenecientes al segundo escalón y se aprehendieron "cantidades medias" de cocaína y heroína y sumas considerables de dinero.Fue precisamente la ausencia de funcionarios de juzgados la alegación la que presentó el abogado de Dolores Olivares Navarro, La Chata, para que fuera absuelta del delito de tráfico de drogas. El Tribunal estimó que la prueba aportada por la policía no era válida por no estar presente en el registro el secretario judicial.

El magistrado Jesús Gavilán se encontraba ayer al frente del juzgado de guardia de Madrid y fue quien, "con la total aquiescencia policial", impuso la fiscalización judicial de los registros. Gavilán, quien previamente había sido informado por la policía de que se iba a efectuar una redada a gran escala en Madrid contra traficantes, autorizó 20 mandamientos de registro. No obstante, rechazó "varios" por entender que carencían de suficiente fundamentación. Un jefe policial coordinó junto al juez la batida antitraficantes, hecho también innovador en este tipo de actuaciones.

Los 20 mandamientos de registro fueron exhaustivamente seleccionados por el juez y la policía e iban dirigidos contra supuestos camellos del segundo escalafón, "que son los más peligrosos", reveló ayer el juez, residentes en viviendas de los barrios madrileños de La Celsa, Cerro de la Mica y Vallecas, entre otros. Para acompañar a los agentes policiales, el juez Gavilán (quien rehusó comentar el contenido de la operación policial) habilitó a tres oficiales y al secretario de su juzgado para supervisar los 20 registros autorizados.

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