El Gobierno da un ultimátum a la Generalitat para que retire a los 'mossos' de las carreteras

El delegado del Gobierno en Cataluña, Francesc Martí Jusmet, pidió ayer al Ejecutivo catalán que retire el decreto que autoriza desde ayer a los Mossos d'Esquadra (policía autonómica) a controlar el transporte por carretera, que incluye el tráfico de mercancías peligrosas, el ilegal de viajeros y la revisión de vehículos. Martí Jusmet, quien ha dado un plazo "de pocos días" a la Administración autonómica para que modifique su decisión, considera que la política de hechos consumados de la Generalitat provocará "descoordinación y desconfianza".El Gobierno catalán puso en marcha el nuevo despliegue de la policía autonómica ante la falta de acuerdo que existe en la Junta de Seguridad, organismo integrado por representantes de la Administración central y autonómica, apoyándose en una declaración de intenciones firmada por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y el ministro del Interior, José Luis Corcuera.

Martí Jusmet manifestó ayer a este diario que, pese a que existe un acuerdo sobre las competencias que debe asumir la policía autonómica, la Administración central "se verá obligada a recurrir el decreto". Fuentes del Departamento de Gobernación de la Generalitat indicaron que no habrá respuesta al ultimátum de Martí Jusmet hasta no tener conocimiento oficial del mismo. Gobernación continuará con los planes para que los mossos patrullen por las carreteras de Tarragona, Lérida y Gerona. Desde la próxima semana, el despliegue se hará en Barcelona.

Las mismas fuentes manifestaron su perplejidad al conocer el contenido de las declaraciones del delegado del Gobierno y recordaron que buena parte de la plantilla de la policía autonómica catalana ya actúa en las carreteras de esta comunidad. Las mismas fuentes señalaron que durante 1990 los mossos realizaron colaboraciones con 209 ayuntamientos catalanes en materia de orden público y seguridad ciudadana. Su participación incluía desde evitar la comisión de delitos en las carreteras hasta multar a los conductores que realizaban infracciones, cuyas requisitorias elevaban a Tráfico.