El Gobierno prepara una ley que delimite sus funciones y las de la Administración

, El Ejecutivo que preside Felipe González tiene decidido elaborar una llamada Ley del Gobierno que delimite las competencias de este poder del Estado y marque de forma nítida sus limites y potestades sobre las que ningún otro poder pueda pedirle responsabilidades. El ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray, dijo ayer en una reunión interna del grupo socialista que el Ejecutivo tiene "una prioridad política que es la elaboración del proyecto de Ley del Gobierno, dado que este país ha vivido una confusión entre lo que es la Administración y lo que es el Gobierno".

Eguiagaray señaló que en esta ley se establecerá la separación entre el Gobierno y la Administración y quedarán claros los actos políticos del Ejecutivo que en ningún caso serán susceptibles "de ser llevados ante la jurisdicción contencioso-administrativa". El ministro para las Administraciones Públicas agregó que esta normativa también especificará la tarea de los distintos miembros del Ejecutivo.

El vicepresidente

Esta última afirmación indica implícitamente que se marcarán las funciones del vicepresidente del Gobierno, las cuales han sido objeto de polémica por la sustitución de Felipe González por el vicepresidente, Narcís Serra, en un Consejo de Ministros durante la Semana Santa.Cuando esta ley se apruebe, el vicepresidente podrá sustituir al presidente al frente del Consejo de Ministros siempre que éste último lo decida, aunque se encuentre en España, según comentó ayer en los pasillos del Congreso el ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, según informa la agencia . Zapatero agregó que es intención del Ejecutivo remitir esta ley al Congreso antes del próximo verano.

En todo caso, la primera vez que miembros del Ejecutivo se refirieron a una hipotética Ley del Gobierno fue durante la pasada legislatura en el contexto de una dura discusión parlamentaria cuando los grupos de la oposición demandaban información sobre el destino de determinadas partidas presupuestarias inscritas en los llamados gastos reservados. Todo ello tenía relación con el caro Arnedo y la trama de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

En ese momento, el Gobierno apuntó la necesidad de establecer esta ley de manera que se reservara una serie de prerrogativas que impidieran a cualquier otro poder del Estado, ya fuera el legislativo o el judicial, pedirle explicaciones.