A Roman se lo ponen difícil

El Gobierno rumano de Petre Roman, que se enfrenta a una nueva oleada de descontento por las subidas de precios aplicadas el pasado día 1, tiene prácticamente bloqueada la reforma de las estructuras económicas e industriales por la obstinada resistencia de los mandos medios de la Administración. Mientras el Parlamento realiza una 'frenética labor legislativa", con más de 70 leyes elaboradas y aprobadas, su aplicación es bloqueada por el aparato heredado del régimen anterior.

Dos miembros de la comisión de redacción de la nueva Constitución, su vicepresidente, Ion Les, del Frente de Salvación Nacional (FSN), y su secretario, Gyorgy Frunda, de la Unión Democrática Húngara (UDM), coincidieron, en una conversación con este periódico en Madrid, en que la resistencia de funcionarios y directores y la mentalidad heredada del régimen anterior han impedido hasta ahora la aplicación del programa de Petre Roman.Les, miembro del partido gubernamental, y Frunda, el representante de la minoría húngara, la principal oposición al FSN en el Parlamento de Bucarest, son partidarios de una "terapia de choque" para la economía rumana similar a la aplicada en Polonia por el responsable de economía, Leszek Balcerowiez.

Diez meses después de la presentación del programa de Roman, netamente liberalizador y dirigido a la creación de una economía de mercado, los mandos en empresas y ministerios, en su mayoría los mismos de la dictadura de Nicolae Ceaupescu, impiden con éxito su realización. "Son la misma gente que antes, y no van a cambiar. En las industrias sólo han cambiado el nombre. Hace meses aprobamos un sistema para examinar la capacidad y disposición de los cuadros de mando en la economía, pero aún no ha sido posible aplicarlo", señala Frunda.

Les, por su parte, cree que el Gobierno del FSN logrará romper finalmente la oposición al cambio. Niega que parte del FSN forme parte de esta resistencia, tal como acusa la oposición. El bloqueo sistemático de las reformas en los mandos medios de la Administración y del Estado es consecuencia del pacto entablado antes de las elecciones de mayo de 1990 por la cúpula reformista del FSN con el aparato comunista, que dio como fruto su victoria electoral con más del 65%, de los votos. Al asumir después el FSN, bajo Roman, un programa de reformas para romper los monopolios, privatizar industria y tierra, fomentar la inversión extranjera y liberalizar los precios, la Administración ha logrado bloquear todas menos la última de estas medidas, cuyo efecto es una inmediata caída del nivel de vida y mayor descontento social.

Poco después de su victoria electoral, el FSN impuso un decreto ley que obligaba a las empresas a contratar a desempleados, por entonces oficialmente 150.000. Esta ley, que daba un plazo hasta el 15 de febrero de 1991 a las empresas, carecía de toda racionalidad económica.

Las empresas rumanas tienen plantillas excesivas. Frente a este posiblemente último gesto del FSN hacia el pleno empleo, las cifras que se barajan para este año sitúan el índice de desempleo en torno al 20% y 1.500.000 personas. Si estas cifras se alcanzan sin haberse acometido la reestructuración económica e industrial, cabe prever que ésta haga subir el paro hasta niveles de dificil tolerancia social.

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