Los socialistas piden la legalización de todo inmigrante que esté "arraigado"
El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido al Gobierno, a través de una proposición no de ley que se discutirá hoy en el Congreso, que complete el proceso de regularización abierto con la ley de extranjería en 1985 y que "propicie" la legalización de los que, llegados con posterioridad a esa fecha, puedan "demostrar su inserción y arraigo" en el país. Izquierda Unida Y diversas asociaciones de apoyo a inmigrantes han expresado su malestar por lo que califican de "actuación bajo cuerda" del grupo socialista, que, afirman, no ha contado con su opinión para consensuar el texto.
El pasado 11 de marzo, el grupo socialista presentó el proyecto al resto de los partidos con el fin de conseguir el mayor acuerdo posible. Según Izquierda Unida, un día más tarde la proposición era trasladada a la Mesa del Congreso con la firma de todos los grupos, a excepción de la coalición, que había iniciado una ronda de consultas entre las asociaciones de apoyo y los sindicatos para presentar enmiendas.Este extremo es rechazado por un portavoz socialista, que afirma que IU tuvo el documento con suficiente antelación. José García Meseguer, responsable del área de migración de IU, lo niega: "El grupo socialista no ha esperado a recibir nuestras proposiciones ni ha escuchado a unas organizaciones que son de toda solvencia. Me temo que los demás grupos han firmado el texto con los ojos cerrados".
Las asociaciones que forman la Campaña Pro Regularización e Integración de los Inmigrantes, entre las que se encuentran la Asociación Pro Derechos Humanos, Cáritas y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, han expresado también su disgusto. "El Gobierno había prometido muchas veces contar con las organizaciones implicadas en estas cuestiones, y sin embargo, nos enteramos de la presentación de este proyecto por rumores. Están jugando al despiste con nosotros", comenta Antonio Martínez, delegado diocesano de inmigrantes.
El texto socialista, de 11 puntos, propone al Gobierno canalizar los flujos migratorios "en función de las necesidades de mano de obra de la economía española y de la capacidad de absorción de la sociedad". Con respecto a la regularización de extranjeros en situación ilegal, pide que se complete el proceso abierto en 1985, fecha de aprobación de la ley de extranjería, y que se legalice a aquellos que, llegados con posterioridad a ese año, puedan demostrar "su inserción".
El texto solicita, entre otros aspectos, un mayor control de la entrada de extranjeros mediante la modernización de las fronteras, la racionalización de la estructura administrativa que gestiona la política de extranjería y acciones para la integración de los inmigrantes.
Las enmiendas redactadas por las organizaciones de apoyo, asumidas casi íntegramente por IU, sugieren que la política de extranjería conjugue la situación socioeconómica española con las responsabilidades históricas y la solidaridad internacional. Sobre la regularización proponen, además de los puntos expresados en el texto socialista, la legalización de aquellos irregulares a los que se denegó el asilo o refugio tras largos periodos de espera, así como una amnistía laboral para patronos e inmigrantes que trabajen en la clandestinidad. Otras propuestas son la unificación de las figuras de asilo y refugio, la igualdad de derechos cívicos del inmigrante y la garantía del derecho a la reagrupación familiar.
