De la cocaína al tráfico de influencias

La detención del abogado valenciano Rafael Palop el pasado 14 de enero, junto a otras siete personas de nacionalidades chilena y colombina -todos ellos acusados de traficar con cocaína-, ha supuesto el último capítulo de la trama del llamado caso Naseiro, que se inició hace un año. El 9 de abril de 1990, el juez Luis Manglano ordenó la detención e incomunicación del entonces tesorero del Partido Popular, Rosendo Naseiro, y del concejal valenciano del mismo partido Salvador Palop, hermano del abogado acusado de narcotráfico y miembro de la ejecutiva provincial popular.

El delegado de la empresa Dragados y Construcciones en el País Valenciano, Luis Janini; el representante de la compañía constructora Huarte, Carlos Bonet; el arquitecto municipal de Cullera (Valencia), Luis Latorre, y el promotor inmobiliario de la misma localidad y gerente de una firma de mantenimiento de semáforos, José Balaguer, completaron la nómina de detenciones ordenadas por el magistrado valenciano por un presunto delito de cohecho.

Indicios de delito

Este delito, que sanciona penalmente el soborno a funcionarios públicos, fue imputado a los detenidos, por el juez, que estimó la existencia de indicios de que los militantes del Partido Popular habían obtenido dinero ilegal para fínanciar su partido a cambio de decisiones políticas favorecedoras de determinados intereses empresariales. El caso provocó también el procesamiento del diputado del PP Angel Sanchis.Cuatro meses antes, el mismo magistrado había autorizado la intervención telefónica de la vivienda de los hermanos Palop, usada por ambos como despacho profesional, en relación con tina investigación policial por presunto tráfico de cocaína en la que aparecía implicado el abogado Rafael Palop.

Los policías valencianos encargados de las escuchas telefónicas trasladaron semanas más tarde al magistrado varías cintas grabadas en las que el hermano pequeño de la familia, el concejal popular del Ayuntamiento de Valencia Salvador Palop mantenía distintas conversaciones sospechosas. Las continuas comunicaciones del concejal con el entonces secretario de finanzas del Partido Popular, Rosendo Naseiro, y con los empresarios detenidos, en las que se hablaba habitualmente de dinero y "comisiones", en relación con los intereses de estas empresas, convirtieron la inicial investigación sobre un delito de drogas en un escándalo político.

Los agentes ofrecieron al juez pruebas suficientes para iniciar la instrucción de unas diligencias por el presunto delito de cohecho, que los medios de comunicación denominaron caso Naseiro. Varios meses más tarde los mismos funcionarios policiales encargados de las escuchas telefónicas continuaron la investigación para la que inicialmente habían sido designados. Rafael Palop ya no usaba, en aquellas fechas, su teléfono particular, pero seguía manteniendo contactos con personas sospechosas de dedicarse al narcotráfico desde un bar cercano a su domicilio.

El pasado 14 de enero la policía, casi un año después del inicio del llamado caso Naseiro, detenía a Rafael Palop y a otras siete personas acusadas de tráfico de cocaína. Los agentes encontraron 1,9 kilos de esta droga en un piso de Valencia y otros dos kilogramos camuflados en alfombrillas en Madrid.

El celo policial en esta operación coordinada por el fiscal antidroga de Valencia, Luis Sánz, tenía una segunda lectura. Los funcionarios adscritos al caso fueron acusados por dirigentes del Partido Popular de "servir" a los intereses políticos de una investigación ordenada por un juez progresista que, según estas afirmaciones, pretendía involucrar al partido conservador en un escándalo político.

La satisfacción policial al culminar esta última operación era una respuesta silenciosa a estas especulaciones y parecía demostrar que las escuchas ordenadas inicialmente habían tenido justificación. Rafael Palop y los otros detenidos ingresaron en prisión por orden del magistrado titular del juzgado de Instrucción número seis de Valencia, Francisco Blat, que el pasado 13 de marzo decretó su libertad, tras depositar una fianza de dos millones.

El fiscal antidroga recurrió el auto de libertad de Rafael Palop, que fue denegado por el juez, y posteriormente apeló ante la Audiencia de Valencia esta decisión, todavía pendiente de resolución Luis Sanz ha solicitado, por otro lado, la inhibición del juzgado en la instrucción del sumarlo y ha pedido que pase a la Audiencia Nacional.

Un año después del inicio del caso Naseiro los presuntos implicados esperan de la Sala Segunda del Tribunal Supremo la convocatoria de la vista oral del juicio. En este intervalo de tiempo el magistrado Luis Manglano ha abandonado la jurisdicción penal por la contencioso administrativa, y Rosendo Naseiro ya no es responsable de las finanzas del Partido Popular. Salvador Palop, por su parte, continúa como concejal del Ayuntamiento de Valencia, aunque su dedicación política disminuyó de forma considerable y no repetirá en las listas del PP.

Los dirigentes empresariales valencianos inculpados, que han mantenido un absoluto silencio a lo largo de este periodo de tiempo, siguen asimismo en los puestos directivos que ocupaban en sus empresas. En el verano del año pasado el partido de izquierda nacionalista Unitat del Poble Valencià (UPV) ejercitó la acción popular y presentó una querella contra los inculpados, que fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo.

Esta formación política justificó su decisión por la necesidad de oponerse a cualquier intento de archivo de las diligencias.