El Supremo pregunta al fiscal si Sala delinquió contra la independencia de un juez

El Tribunal Supremo ha preguntado al fiscal sobre el presunto delito contra la independencia judicial del que un juez de Granada acusa al presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pascual Sala. La comisión permanente del CGPJ elevó ayer la denuncia del juez al pleno del Consejo.

El pleno del CGPJ deberá, por tanto, pronunciarse sobre la denuncia del juez Miguel Angel del Arco contra Sala, a propósito de la petición de sensatez realizada por éste último a los jueces que investigan el presunto fraude en el Plan de Empleo Rural (PER). Acabada la reunión de la comisión permanente del CGPJ -a la que no asistió Sala, por tratarse de un asunto que le afecta - su vicepresidente, José Luis Manzanares, dio cuenta del acuerdo.La permanente acordó también "antes interesar de la Sala Segunda del Tribunal Supremo la comunicación a dicho pleno de la resolución que dicte en su día en relación con las citadas diligencias". La actuación del Supremo deriva de que Sala es persona aforada que sólo puede ser juzgada, en su caso, por la Sala Segunda de dicho tribunal.

Recibidas las diligencias en el Tribunal Supremo, el presidente de su Sala Segunda, Enrique Ruiz-Vadillo, ha solicitado un informe del fiscal antes de pronunciarse sobre si las declaraciones de Sala incurrieron en delito. La Constitución atribuye al Ministerio Fiscal la función de "velar por la independencia de los tribunales". Asimismo, el artículo 199 del Código Penal sanciona con inhabilitación especial al funcionario público "que atentare contra la independencia de los jueces y magistrados".

Las declaraciones realizadas por Sala en Granada sobre la deseada sensatez de los jueces a propósito del polémico caso del PER han suscitado encontradas reacciones en medios jurídicos sondeados por este periódico. El magistrado Ramón Rodríguez Arribas, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, atribuyó lo ocurrido a "una incontinencia verbal" de Sala, "sin mayor importancia práctica, aunque habría sido mejor que no lo hubiera dicho".

Por su parte, los portavoces de las dos asociaciones judiciales minoritarias mantienen criterios diversos. Según Ventura Pérez Mariño, de Jueces para la Democracia, "existen problemas más importantes en la justicia". Consideró que Ilamadas a la sensatez como la realizada por Sala son absolutamente procedentes".

"Desafortunado"

En cambio, Vicente Ortega Llorca, de la asociación Francisco de Vitoria, estimó "desafortunado que el presidente del CGPJ haga amonestaciones ni llamadas a los jueces, aunque no me pasa por la imaginación", dijo, "que Pascual Sala haya querido inquietar su independencia". En su opinión, "Ias manifestaciones no fueron oportunas ni prudentes y mejor hubiera sido el silencio, porque parece que lleven un mensaje subliminal de tolerancia a determinadas conductas que no sé si son delictivas, pero que deben investigarse".La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, María Ángeles García, declaró ayer: "La libertad de expresión es un derecho de todo ciudadano, pero cuando además se es presidente del Tribunal supremo y del CGPJ, debe tenerse un exquisito cuidado en el ejercicio de tal derecho, máxime cuando las opiniones hagan referencia a actuaciones judiciales. En este caso, el juez se ha sentido inquietado en su independencia y se ha suscitado una polémica, lo que ya de por sí demuestra lo poco afortunado del ejercicio de la libertad de expresión en este caso".