El fiscal de Canarias pide que se investigue la concesión de un aval por el Gobierno autónomo

La concesión de un aval de 100 millones de pesetas en agosto de 1987 a una empresa naviera participada por el Gobierno de Canarias y decidida por el entonces consejero de Hacienda, Oscar Berganza, ha abierto una fuerte polémica. El actual fiscal jefe de la zona, Juan Guerra, ha pedido al Tribunal de Cuentas que abra una investigación.

Juan Guerra se ha dirigido al Tribunal de Cuentas para que investigue el "elevado perjuicio económico" que provocó en las arcas de la Comunidad Autónoma como consecuencia de la "alegre e irresponsable" decisión de Bergaza de firmar el 1 de agosto de 1987 un aval por la citada cantidad, en nombre de la Consejería de Hacienda, a favor de la Sociedad de la Marina Mercante de Canarias, Sociedad Anónima Laboral.El fiscal jefe del TSJC, que entiende que el ex consejero pudo incurrir en un posible delito, se sorprende de que el Gobierno aceptara avalar un préstamo de CajaCanarias (cuyo importe fue de 300 millones de pesetas) para la adquisición de un buque, a pesar de los informes negativos de la Dirección General de Política Financiera y de la Intervención General de la misma Consejería de Hacienda. Se da la circunstancia de que 30 meses después, la citada sociedad se declaró insolvente y a lo largo de 1990 CajaCanarias requirió al Gobierno autónomo para que ingresara en la misma el importe íntegro del crédito.

Óscar Bergaza, diputado nacional del PSOE por la provincia de Las Palmas, ha acusado por su parte al fiscal Jefe canario de ser responsable de una "agresión ilegítima" contra su persona y contra la honestidad del Gobierno socialista del que formó parte en la anterior legislatura autonómica. Bergaza anuncia que expondrá personalmente su protesta al fiscal general del Estado.

El diputado y ex consejero considera que el fiscal "ha violado con su lenguaje normas básicas, entre ellas la propia Constitución, al atreverse a hacer comentarios y emplear calificativos improcedentes, apoyándose en argumentos falsos". Bergaza anuncia una posible querella contra Juan Guerra.

Garantías

El ex consejero ha aclarado que el polémico aval contó con el visto bueno del Gobierno que presidía el socialista Jerónimo Saavedra "de acuerdo con las normas de la ley de la Hacienda Pública canaria". Según indica la sociedad beneficiarla disponía de una subvención estatal de 77 millones de pesetas y gozaba de informes favorables sobre su viabilidad. El aval del Gobierno canario, añade, se otorgó como segunda garantía, ya que la empresa tuvo que constituir previamente una hipoteca sobre sus buques a favor de CajaCanarias.