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Hacia la igualdad en el año 2000

Los cambios que se han producido estos últimos años en la situación jurídica y social de las mujeres españolas han estado, sin duda, impulsados por las reivindicaciones que los grupos feministas plantearon ya con anterioridad a 1977 y que los partidos políticos y los Gobiernos han ido incorporando a sus programas. Pocos de esos cambios, sin embargo, hubieran tenido lugar sin el desarrollo económico de la sociedad española, sin la evolución favorable de nuestra economía y sin la cada vez mayor integración de España en la comunidad internacional y especialmente en la europea.Desde el punto de vista normativo, y con la salvedad de la legislación relativa al aborto, en algo más de 10 años hemos pasado de padecer uno de los ordenamientos jurídicos europeos más discriminatorios contra la mujer a disfrutar de normas que otros países comunitarios todavía no han adoptado, a pesar de las propuestas de la Comisión de las Comunidades Europeas. La inversión de la carga de la prueba en los procedimientos laborales cuando hay indicios de discriminación por razón de sexo, la posibilidad de que el padre disfrute de cuatro de las 16 semanas del permiso por maternidad, la obligación de las empresas de reservar el puesto de trabajo al padre o a la madre que toma una excedencia no superior a un año para cuidar un hijo de menos de tres años, son algunas de Ias reformas recientes, incluidas en el primer plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres (1987-1990), que nos sitúan por delante de algunos países de nuestro entorno.

Las mujeres españolas cada vez estudian más. Si de los aproximadamente nueve millones de mujeres de más de 40 años, solamente 900.000 tienen estudios medios o superiores, de los 6,5 millones de mujeres menores de esa edad, casi cuatro millones tienen estudios superiores a los primarios. La matrícula de las mujeres en la Universidad ha crecido entre 1975 y 1986 un 142%, pasando a ser femenino más del 50% del alumnado universitario, que casi alcanza el medio millón de personas. La proporción de mujeres que cursan formación profesional, por otra parte, ha pasado en esos mismos años del 29% al 42%, superando ya las 300.000 alumnas.

Este impresionante cambio cultural explica la evolución de las actitudes de las mujeres en relación al trabajo, a la familia y, sobre todo, al número de hijos que tienen. Cada vez más mujeres quieren trabajar y si en 1984 había algo menos de cuatro millones de mujeres activas y casi tres millones ocupadas, a finales de 1990 esas cifras se habían incrementado en más de 1.300.000 para las primeras y en más de un millón para las segundas. A pesar de ello, la tasa de actividad femenina española (33,5%) es todavía bastante inferior a la media comunitaria y a la de los países escandinavos (45% y 65%, respectivamente).

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Cuanto mayor es el nivel de estudios de las mujeres, más alta es su tasa de actividad, siendo casi igual a la masculina cuando han realizado estudios superiores (80%). Por tanto, y dado que las mujeres estudian cada vez más y con rendimientos mejores que los hombres (en 1984, por ejemplo, el 8 1 % de las chicas matriculadas en selectividad superaron la prueba, frente al 62% de los chicos), hay que contar con que en los próximos años el número de mujeres que estén trabajando o busquen un puesto de trabajo seguirá creciendo. Ello dificultará acabar con el problema del paro, que hoy día afecta más a las mujeres que a los hombres activos, no sólo porcentualmente (23,83% frente a 11,9%), sino en cifras absolutas (aproximadamente a 100.000 más), pero debería eliminar el temor a que, en un futuro bastante próximo, no haya suficientes personas en edad de trabajar, potenciales cotizantes a la Seguridad Social, para cubrir las pensiones de las personas mayores; en España todavía hay siete millones de mujeres entre 16 y 65 años inactivas, es decir, que podrían trabajar, pero que no buscan trabajo!

Para conseguir un puesto de trabajo no basta con quererlo, ni siquiera con haber hecho el esfuerzo de estudiar formación profesional o universitaria. Es necesario haber elegido adecuadamente los estudios realizados, es decir, haberse especializado en algo que requiera el sistema productivo. Y en esto las chicas parecen tener un desconocimiento mayor que los chicos sobre las perspectivas de empleo de los estudios elegidos, pues diversifican menos sus opciones profesionales y se siguen concentrando en carreras femeninas, algunas de las cuales no tienen apenas salidas en la actualidad. Así, por ejemplo, el 38,6% de las universitarias, frente al 20,8% de los universitarios, estudian Filología, Filosofía y Ciencias de la Educación, Psicología y Geografia e Historia, y solamente el 1,8% se matricula en las escuelas técnicas superiores, frente al 10,8% de los universitarios. En formación profesional, el 80% de las mujeres se concentran en las ramas administrativa, comercial, sanitaria y de peluquería y estética.

A las chicas tampoco les basta con elegir bien la profesión para la que se han formado. Salvo en la Administración pública, en donde las oposiciones facilitan una selección objetiva de los candidatos (lo que explica que ya el 25% de los jueces sean mujeres), en las empresas -con la exclusión de los puestos que se consideran tradicionalmente femeninos, como el de secretaria o limpiadora- a condiciones iguales de los candidatos, o incluso algo más favorables de las candidatas femeninas, el empleador tiende a contratar a los varones. A los prejuicios sexistas, más o menos conscientes, sobre la verdadera valía de los aspirantes de uno y otro sexo, se une la, reflexión objetiva de que los varones no se quedan embarazados ni tienen la mente tan ocupada por las preocupaciones doméstico-familiares.

Efectivamente, las mujeres siguen responsabilizándose, aunque tengan un trabajo remunerado, en mucha mayor proporción (más de] doble) que los varones de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos y dedicando menos tiempo al ocio. Ello no sólo dificulta su acceso al empleo, sino también sus posibilidades de promoción. De. ahí que para hacer compatible su vida profesional con su vida familiar y mejorar su calidad de vida, las mujeres tengan cada vez menos hijos, habiendo pasado de un promedio de 2,83 en 1970 a uno de 1,63 en 1987; también se ha retrasado la edad a la que tienen el primero -25 años- y sigue descendiendo el número de matrimonios. A este respecto, hay que señalar que, según la encuesta de fecundidad de 1985, el 37% de las mujeres encuestadas declararon no tener acceso a los diferentes recursos sanitarios de atención o asesoramiento en planificación familiar y el 56,5% de las que utilizaban anticonceptivos lo hacían sin control médico.

De estos datos y de otros muchos que se podrían comentar sobre la discriminación salarial por razón de sexo, la minusvaloración de las actividades realizadas por las mujeres, la todavía escasa presencia femenina (en tomo al 13%) en los puestos de responsabilidad política, el impago de las pensiones por alimentos, la prostitución y las diferentes formas de agresión que sufren muchas mujeres, se debe concluir que, a pesar de lo que se ha avanzado, todavía queda muchísimo por hacer para que las mujeres superen su secular marginación. Para ello no será suficiente, aunque sí imprescindible, que se aprueben nuevos planes de igualdad del Gobierno y de las comunidades autónomas; será necesaria también una mayor implicación e iniciativa de las asociaciones de mujeres, de los sindicatos y de las corporaciones locales, sin cuyo concurso será imposible que todas las mujeres españolas se beneficien de los derechos y oportunidades que muchas ya han alcanzado.

Permitir a las mujeres que interrumpan, con información suficiente y por decisión propia, un embarazo no deseado en los tres primeros meses del mismo, sin arriesgar la cárcel, debería ser una reforma de nuestro Código Penal que en 1991 nadie discutiera y que se inscribiera en la lógica del cambio social al que estamos asistiendo. La historia ha demostrado sobradamente que mayores niveles de libertad y de igualdad de las mujeres nunca han puesto en peligro a las sociedades democráticas, sino que las han reforzado.

Carlota Bustelo es miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas.

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