Editorial:Editorial
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Empleo parado

A FINALES de 1990 había en España 2,4 millones de parados, el 16,11 % de la población activa. Aunque sigue siendo la tasa de desempleo más alta de Europa occidental, :supone una importante mejora respecto a las cifras -y a las expectativas- de cinco años atrás, cuando el paro afectaba al 21,5% de la población activa. Para mantener una tasa de paro no superior al 20%, se calculaba entonces que sería preciso aumentar en 1,1 millones el número de personas ocupadas. Se ha aumentado en 1,8 millones, lo que ha supuesto reducir en algo más de medio millón el número de desempleados. Así, entre 1986 y 1990 la tasa de incremento anual del empleo alcanzó el 4%, lo que supuso a su vez la mejor relación entre crecimiento económico y del empleo de la CE. Cualquier consideración ulterior debe partir del reconocimiento de que el periodo expansivo 1986-1990 ha sido razonablemente aprovechado para contener el problema que se consideraba hace cinco años como el más grave de los que afectaban a España.Esa mejora en la cantidad se ha producido en buena medida, sin embargo, a costa de la calidad. Todavía en 1987, el porcentaje de eventuales respecto al total de trabajadores con empleo era del 15%. Hoy supera el 30%. Un informe realizado por un grupo de expertos hace tres años (por encargo del Banco de España) constataba que la regulación legal, más estricta que en otros países, había encarecido el despido pero no impedido la caída del empleo, por lo que propugnaba medidas que aumentaran "la flexibilidad de la regulación laboral". Si ello se hacía de manera concertada, tal flexibilidad acabaría redundando también en un ¡aumento del empleo fijo.

Esto último pareció verificarse hacia mediados de 1989, cuando las encuestas constataron un importante aumento de las contrataciones indefinidas por consolidación de empleos inicialmente temporales. Sin embargo, esa expectativa no se ha confirmado, y la relación entre contrataciones eventuales y fijas se ha ido ampliando, especialmente en los dos últimos años. Un nuevo informe sobre el mercado laboral realizado por varios expertos, a instancias esta vez del Ministerio de Trabajo, ha puesto de manifiesto "disfuncionalidades jurídicas y económicas" en la aplicación de la actual normativa sobre contratación, que contempla hasta 14 modalidades diferentes.

Sus conclusiones vienen a reconocer la existencia de abusos por parte de los empleadores, lo que se refleja en la existencia de más de 170.000 trabajadores que siguen con contrato temporal superado el plazo máximo legal de tres años. Varias de las 19 recomendaciones del informe se orientan a evitar esos fraudes, y destacan entre ellas algunas plenamente coincidentes con los planteamientos de los sindicatos, como la reducción de tres a dos años del periodo máximo de vigencia de los contratos temporales o la de prohibir su prórroga. Por ello es doblemente lamentable que, obedeciendo a un reflejo poco meditado, los portavoces de las centrales (como los de la patronal, de otro lado) se hayan apresurado a criticar un documento que parecen no haber leído detenidamente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 27 de febrero de 1991.

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