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ETA envía cartas exigiendo el "impuesto revolucionario' a 200 profesionales vascos

La precaria situación económica en la que parece encontrarse ETA ha llevado a la organización terrorista a enviar más de dos centenares de cartas a profesionales liberales del País Vasco pidiéndoles cantidades que oscilan entre los 5 y los 20 millones de pesetas. En medios policiales se sospecha que la organización terrorista prepara un secuestro en Guipúzcoa, que además de resolver su problema económico podría ser utilizado como método intimidatorio para aquellos que se nieguen a pagar el impuesto revolucionario.

En el transcurso de esta semana, abogados, arquitectos, médicos, funcionarios y notarios, entre otros, han estado recibiendo cartas de ETA en las que se piden varios millones de pesetas "en concepto de cotización obligatoria".Las cartas han sido acogidas con estupor por los destinatarios, que de forma masiva han acudido a las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía y de la Ertzantza para denunciar el hecho. Uno de los afectados manifestó su negativa a hacer efectiva la cantidad solicitada por los terroristas, e indicó al respecto: "No pienso pagar un duro, porque tengo bien presente y no se me olvida, el destino que tiene ese dinero. Yo no defraudo a Hacienda y en ningún caso voy a estar financiando el terrorismo de ETA".

Las cartas, todas con igual texto, están fechadas el 16 de octubre de 1990, han sido enviadas desde varias localidades guipuzcoanas y no han sido recibidas hasta esta semana. Muchos receptores han manifestado su sorpresa, por no figurar sus nombres en el listado de los colegios a los que pertenecen y temer que han podido obtener su nombre y dirección por el censo electoral.

En el escrito, los terroristas dicen poseer información sobre la situación económica del destinatario, y en base a la misma fijan una cantidad. La cifra está escrita con una máquina diferente a la de la letra, y el hueco permite poner los millones a pagar. Se dice también que la cantidad deberá abonarse a partir del "quinceavo" día de haberse notificado, y que el pago puede hacerse tanto en pesetas como en francos, en billetes usados. Para hacerlo efectivo deben utilizarse los "medios vascos habituales, a fin de ponerse en contacto con nuestra organización".

La policía investiga en estos momentos a determinados abogados e incluso a algún importante empresario de Guipúzcoa ideológicamente cercanos a Herri Batasuna que en anteriores ocasiones han actuado como intermediarios.

La lectura que se hace en medios oficiales del envío masivo de las cartas es que la organización terrorista necesita de "forma urgente" reponer sus arcas. El pago del impuesto revolucionario por parte muchos empresarios vascos en los primeros años de los ochenta le permitió a ETA mantener una situacion economica boyante debido a que las cantidades que se pagaban eran incrementadas con el pago de los secuestros que periódicamente realizaba la organización.Lista de nombres

El descubrimiento en la cooperativa Sokoa de Hendaya, en 1986, de un archivo en el que figuraba el nombre de todos los empresarios que periódicamente efectuaban el pago a la organización terrorista supuso un importante corte en el empleo de ese método, al negarse los empresarios a pagar, reconocido por ETA en una carta que la policía requisó al comando Éibar. Los dos últimos secuestros que llevó a cabo ETA fueron el del empresario Emiliano Revilla, por el que 2.000 millones de pesetas, y el de Adolfo Villoslada, por el que consiguió unos 300.

En la carta se advierte que, en el caso de no pagar, la organización "se verá obligada a tomar las medidas de represalia oportunas contra sus bienes y su persona".

Ésta es la primera ocasión en la que ETA realiza una campaña de solicitud de dinero a sectores tan amplios de la sociedad vasca. En anteriores ocasiones, las misivas fueron dirigidas a empresarios españoles a los que se les pedía cantidades que oscilaban entre 10 y 100 millones de pesetas.

La negativa de la mayor parte de ellos a pagar parece ser la razón por la que la organización terrorista ha decidido ampliar su círculo de contribuyentes y aconsejar a los "morosos de su Hacienda" no acudir a la policía, ya que ello podría acarrearles consecuencias irreparables.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de enero de 1991

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