El Gobierno de Bolivia decide privatizar la mayor parte de las empresas públicas

El Gobierno de Bolivia ha iniciado un proceso de privatización que afecta a más de 140 empresas creadas en los últimos 40 años. Esta decisión ha provocado el rechazo y la protesta de los trabajadores. Según una fuente gubernamental, unas doce empresas consideradas de gran importancia para la economía del país quedarán bajo el control estatal bajo contrato de rendimiento (petróleo, correos, minería, telecomunicaciones, electricidad, agua potable, almacenes aduaneros, ferrocarriles y aeronavegación). El resto se privatizarán.La Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que explota las minas que fueron revertidas a los barones del estaño desde 1952, lanzó el jueves una convocatoria internacional para suscribir contratos de riesgo compartido en las operaciones de siete minas importantes y tres de sus plantas de fundición. Esta actitud ha sido una de más contestadas: "Comibol está poniendo en subasta varias empresas mineras sin tener en cuenta los convenios que firmó con los trabajadores", según el dirigente minero Víctor Valdivieso, quien advirtió que tomarían medidas de lucha radical si no se retiraba el proyecto.

También la empresa mixta de aeronavegación Lloyd Aéreo Boliviano acaba de adjudicar a una consultora estadounidense los estudios técnicos para tasar los valores de la compañía y buscar opciones de inversión, tecnología y mercado. Esta adjudicación es un claro paso hacia la privatización como también han denunciado los sindicatos, cuyos representantes ante la junta de accionistas de la empresa abandonaron la reunión "para no avalar hechos irregulares", según el dirigente José Luis Flores.

El régimen boliviano que ha perdurado entre 1952 y 1985 determinó que al menos el 70% del sector productivo estuviera en manos públicas. El manejo político concibió las empresas públicas como feudos y medios para pagar facturas y las convirtió en entes deficitarios. Empresas como Comibol, años atrás, o las compañías estatales de petróleo y de telecomunicaciones dejaron de ser rentables al estar obligadas a entregar la mayor parte de sus ingresos al Tesoro General.