El Supremo eleva la primera condena por delito ecológico
El Tribunal Supremo ha condenado a ocho meses de cárcel y 1,4 millones de pesetas por delito ecológico al director de la central térmica de Cercs (Barcelona), propiedad de Fuerzas Eléctricas de Cataluña (Fecsa), al permitir emisiones de dióxido de azufre a la atmósfera que superaban ampliamente los límites autorizados. La condena, primera que llega al Supremo por un delito contra el medio ambiente, eleva las penas inicialmente aplicadas por la Audiencia Provincial de Barcelona, que condenó al procesado, Domingo Ibars, a un mes de arresto y a una multa de 30.000 pesetas.En la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se explica que "el derecho a la calidad de vida y al medio ambiente constituyen un objetivo irrenunciable", y que, en consecuencia, hay que dotar a estos intereses colectivos "del máximo de protección que otorga el derecho penal.
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