El Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad la tipificación penal del tráfico de influencias

Todos los grupos parlamentarios apoyaron ayer la tipificación penal del tráfico de influencias y del uso de información privilegiada que ahora pasará al Senado, aunque Izquierda Unida (IU) expresó sus dudas, respecto a que estas medidas que se introducen en el Código Penal surtan los efectos que se persiguen. Izquierda Unida puso el acento en que, según esta reforma, sólo se castigará el tráfico de influencias si se consuma esa acción y conlleva un beneficio para alguien, pero quedará impune la tentativa de hacerlo.

El pleno del Congreso aprobó la modificación de tres artículos del código Penal e introdujo un nuevo capítulo acerca del tráfico de influencias, fruto de una proposición de ley consensuada entre todos los grupos tras varios meses de trabajo a raíz del estallido del caso Juan Guerra. Las acusaciones de parte de la oposición de que el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, había incurrido en responsabilidad política porque su hermano Juan presuntamente se había beneficiado del uso de un despacho ofical para sus actividades particulares motivaron una dura reacción del Grupo Socialista. La dirección de este grupo pasó a la ofensiva con el anuncio de férreas incompatibilidades y la tipificación penal del tráfico de influencias. El propio presidente del Gobierno, Felipe González, denominó la acción con la frase "catarsis para todos". Lo cierto es que meses después las medidas aprobadas no han suscitado alarma y la prueba es la unanimidad en su apoyo de todos los grupos.El debate de ayer sólo registró la controversia entre Pablo Castellano -en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya- y Ángel Luna, representante del PSOE, aunque finalmente la coalición también dio su apoyo a la nueva normativa.

Castellano, aunque anunció el voto afirmativo de su grupo, consideró que con lo aprobado se tipifica "un delito retórico sin la menor aplicación", va que a su juicio el texto debía afirmar que se comete delito cuando un funcionario "influye en otro para conseguir una resolución o beneficio", mientras que ahora sólo hay delito si se consuma tal resolución o beneficio. "Para ustedes no es delito de riesgo sino de resultado", afirmó. El diputado socialista Ángel Luna rechazó esa tesis y consideró desmesurado utilizar el Código Penal para tratar lo que llamó "corrupielas administrativas" en referencia a lo que popularmente se llama pedir una recomendación.

Una vez que el Senado apruebe esta legislación, el funcionario público o autoridad que influyere en otro, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de quiera otra situación derivada de su relación personal consiguiere una resolución, obteniendo beneficio económico para sí o para tercero será castigado con penas de arresto mayor, inhabilitación especial y multa por el importe de! valor del beneficio obtenido. Asimismo también será castigado "el particular" que influyere en funcionario o autoridad prevaliéndose de cualquier situación "derivada de su relación personal" con idénticas penas.

Asímismo, los que ofreciendo hacer uso de influencias solicitaren de terceros dádivas o acepiaren ofrecimiento o promesa serán castigados con la pena de arresto mayor. Los que ofreciendo hacer uso influencias a través de empresas o sociedades también serán castigados con la pena de arresto mayor y se clausuran las depedencias en las que se realice esta actividad por tiempo de seis meses a tres años. La revelación de información que tenga un funcionario por razón de su cargo será castigada con pena de sus pensión y multa de 100.000 a 200.000 pesetas y si causa grave daño para la causa pública o para terceros, las penas serán de prisión menor e inhabilitación especial.