El PSOE cambió su opinión sobre la proposición de ley del PP

El Grupo Parlamentario Socialista decidió a última hora de la tarde del pasado martes retirar su apoyo a una iniciativa del Partido Popular destinada a impedir que terroristas y narcotraficantes con delitos de sangre puedan redimir parte de sus condenas con trabajos en prisión. Esa misma mañana los socialistas se habían mostrado dispuestos a que el Pleno del Congreso aceptara el próximo día 18 la tramitación parlamentaria de la propuesta de los populares.La rectificación fue requenda por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que advirtió a los socialistas su intención de votar en contra. El riesgo de que ante la opinión pública pareciera que se resquebrajaba el pacto parlamentario contra el terrorismo y el deseo de impedir que el PP se erigiera en máximo abanderado contra ETA influyó decisivamente en la decisión socialista de desmarcarse de la iniciativa popular, según uno de los portavoces interlocutores del PSOE.

En la reunión de la Junta de Portavoces celebrada el martes al mediodía, el representante del PSOE, Eduardo Martín Toval, admitió la posibilidad de realizar una "modificación urgente del Código Penal, sin perjuicio de la futura reforma del Código Penal", para imponer a los narcotraficantes y terroristas con delitos de sangre el cumplimiento íntegro de sus condenas en la cárcel, según declaró.

En la larga discusión que se produjo en esa reunión, el portavoz del PP, Rodrigo Rato, renunció a forzar que se debatiera esta semana su proptiesta y aceptó posponerla siete días tras entender que la mayoría de los grupos, incluido el socialista, iba a permitir en el pleno su admisión a trámite. Los populares defendían que los terrorístas y narcotraficantes con delitos de sangre no puedan disfrutar de libertad condicional ni redimir parte de su condena por trabajos en prisión.

Tras la reunión, varios portavoces parlamentarios manifestaron que el PSOE iba a apoyar la toma en consideración de la petición del PP en el pleno de la semana próxima. El propio Eduardo Martín Toval declaró que existía una coincidencia de todos los grupos en "no dar el mismo tratamiento a narcotraficantes y terroristas que a los demás presos, respecto a la posibilidad de acortar sus condenas". "Yo creo que existe una coincidencia sobre el fondo del tema, pero existen elementos técnicos, que para su aplicación y mejor eficacia, conviene también que obtengan el respaldo de todos los grupos", se limitó a matizar.

Sobre las siete de la tarde, pocas horas después de que el portavoz nacionalista vasco, Iñaki Anasagasti, pidiera a Martín Toval que reconsiderara su actitud sin obtener aparentemente resultado, el portavoz socialista pidió ayuda al Partido Nacionalista Vasco para poner remedio a la "precipitación" del Partido Popular, según fuentes del PNV. Martín Toval explicó, en cambio, al portavoz de otro grupo al que también pidió colaboración que el PNV le estaba presionando para "congelar" la propuesta del Partido Popular. En opinión de un alto cargo del Partido Nacionalista Vasco, altas instancias del PSOE habían reprochado esa tarde a Martín Toval que hubiera puesto en bandeja al PP la baza electoral de aparecer ante la opinión pública como el grupo político más antiterrorista.

El miércoles por la mañana, Martín Toval comunicó a los portavoces de otros grupos que había redactado una proposición no de ley, resumida en dos folios, con la que esperaba restablecer el consenso. En el documento se instaba al Gobierno a que acelere la reforma del libro 1 del Código Penal e incluyera en él la privación del derecho de redención de penas para los terroristas y narcotraficantes. Cuando por la tarde lo expuso así, verbalmente y sin matización alguna de que esa medida sólo afectaría a los condenados por delitos de sangre, el PNV, Izquierda Unida y Eusko Alkartasuna anunciaron que se opondrían, por lo cual Martín Toval retiró la propuesta.

El rechazo del PNV a una iniciativa de Miquel Roca, portavoz de CiU, que sugería que el Gobierno y todos los Grupos aceptasen estudiar las tesis populares en una reforma del Código Penal que se debatiría en febrero, dejó de nuevo la polémica abierta, a expensas de una próxima negociación.